Frente a los proyectos de reforma laboral que el gobierno prepara para luego de las elecciones de octubre (1), el candidato a senador por Unidad Ciudadana y vocero de CFK, Jorge Taiana, ha planteado su rechazo en términos que merecen ser examinados. Ha diferenciado a los gobiernos de NK y CFK de los anteriores y del actual asociando éstos al “viejo sueño de la elite económica de la Argentina para que se transforme en un país de bajos salarios (y) mayor productividad”.

 

La “tesis” no es nueva.

 

Siete años atrás, Héctor Recalde declaraba que de la década del ’90 habían quedado sólo “la ley de accidentes de trabajo, algunos aspectos de la ley de quiebras, la ley de conciliación obligatoria y la ley de empleo con algunas modificaciones” (La Nación, 4/7/10). Ya entonces, Recalde desmentía a Recalde. Uno de sus proyectos planteaba la derogación de convenios flexibilizados de los ‘90 que, por ejemplo, establecían en el sector minero 2.400 horas de trabajo al año, derogando de hecho la jornada de ocho horas. Otro, la restitución del derecho a la indemnización mínima de dos meses de sueldo sin importar la antigüedad, una conquista que tuvo vigencia en la Argentina desde 1933 hasta 1998, en el inicio de la década “neoliberal”.

 

Pero, incluso de aquella enumeración, hoy Recalde se mordería la lengua por el cambio que finalmente operó CFK en la ley de accidentes de trabajo, que no sólo eliminó la doble vía, privando al trabajador de la posibilidad de reclamar ante la ART y, a la vez, ir a la Justicia. La reforma eliminó el concepto de reparación integral, que supone la posibilidad de reclamar ante la Justicia daños morales, psíquicos y derecho de vida. Limitó, además, la vía judicial al ámbito civil, anulando la posibilidad de accionar en la Justicia laboral, un retorno a la norma en tiempos de Menem. Un retorno a la ley de 1915, que obligaba al trabajador a elegir entre la indemnización tarifada por ley o aquella impuesta por la Justicia.

 

CFK puso en debate esta reforma emulando a Macri: “Hay que terminar con la industria del juicio” (Ambito, 25/11/10).

 

Precarización laboral

 

El gobierno CFK presentó como un enorme logro la reducción del trabajo en negro. Pero el empleo no registrado no bajó del 35%, una baja respecto de los altos niveles de 1997/2002, pero superior al 25% de los comienzos de los ’90 o incluso al 30/33 de la primera mitad del menemismo.A pesar de todo el cacareo durante la crisis del campo, el trabajo rural en negro se mantuvo, inconmovible, en el… ¡75%! Lejos de haber inaugurado un nuevo régimen de empleo, los gobiernos K profundizaron la tendencia de la década “neoliberal” de blanquear la precariedad laboral de los ‘contratos basura’ a través del llamado monotributo -una de las figuras, por otra parte, predilectas de la tercerización. Cientos de miles de trabajadores “en relación de dependencia” se convirtieron en meros “factureros”, eximiendo a las patronales del pago de los aportes de jubilación y salud, de los días de enfermedad, de las licencias, del pago de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como de las indemnizaciones. ¿Cuántos en el propio Estado? Cambiemos denuncia a CFK por el crecimiento del empleo estatal, pero nada dice del crecimiento de la masa precaria en el Estado, que el actual oficialismo mantiene y acrecienta.

 

Los gobiernos de NK y CFK fueron adelantados de la reforma laboral, si se considera que crearon el monotributo social (2004), dirigido, entre otros fines, a convertir a los trabajadores desocupados en precarizados eternos, sumiéndolos con cooperativas con salarios por debajo del mínimo, tratando de crear una especie de subproletariado que jamás podría ser mano de obra permanente en el Estado.

 

¿Pero acaso no se contuvo el desempleo con los Repro (una política que continúa Cambiemos)? Estos fueron subsidios a las patronales para pagar una suerte de seguro de desempleo, por debajo del salario percibido, a trabajadores suspendidos. Estuvo financiado por el Fondo Nacional del Empleo, cuyos recursos debían sostener el seguro de desempleo. Los gobiernos K mantuvieron el congelamiento de este seguro, que venía de los ’90 y que no cubría un tercio del salario promedio, cuando se podía acceder a él. Es decir, se trató de un desvío hacia los empresarios financiado por los desocupados con seguros de hambre (¿”inclusión social”?).

 

Recordar la unificación de los Códigos (2)

 

Llegamos así a la perla máxima del gobierno K: la unificación reaccionaria de los códigos Civil y Comercial en acuerdo con la Corte Suprema, inspirado en un proyecto elaborado por el menemismo en 1998. Allí se eliminó la responsabilidad solidaria de la empresa principal por las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias, un fenomenal impulso a la tercerización, contenida además en la regulación de las Uniones Transitorias de Empresas. Estas se constituyen sobre la presunción de que no existe responsabilidad solidaria de los socios por los actos que realicen ni por las obligaciones frente a terceros, entre los que pueden estar los trabajadores. Se habilitó, además, la “prestación de servicios sin relación de dependencia”, una ancha vía para el fraude laboral.

 

Es interesante advertir que con la unificación de los códigos se avanzó, sin hacerlo explícito, sobre la ley de Contrato de Trabajo (LCT). El nuevo texto deslindó toda responsabilidad entre un franquiciante y un franquiciado, admitiéndolo sólo en caso de fraude laboral, lo que borró de hecho el artículo 30 de la LCT, que no exige fraude laboral para hacer responsable al contratante principal de los incumplimientos frente al trabajador sometido a la tercerización.

 

La reforma viabilizó, una vez más, el contrato de agencia, sinónimo de precarización laboral. Eliminó la aplicación de la garantía de indemnidad en el caso de accidente, por lo que el trabajador no puede invocarla en caso de accidente. En línea con la reforma del régimen de ART innovó planteando que la indemnización sólo procede para cubrir “la disminución de la aptitud”, lo que supone que la vida humana no tiene valor en sí mismo, sino en función de lo que potencialmente podría producir.

 

Ataque a la organización de los trabajadores

 

Punto para el asombro. El artículo 1.762 de aquella unificación estableció que: “si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros”. ¿Es un exceso suponer que es una norma aplicable a una movilización que se considere ‘riesgosa o peligrosa para terceros’?

 

El texto, además, no planteó defensa alguna de los derechos de protesta, denuncia o petición.

 

Cambiemos no votó el proyecto de unificación por cuestiones ligadas al procedimiento. Pero ninguno de sus representantes en el Congreso denunció la “reforma laboral” encubierta en la unificación de los códigos.

 

¿Cuál sería el balance de lo acaecido con el trabajo en la “década ganada”? La que surge de este análisis. Bajo los K se preservaron y profundizaron las columnas básicas del régimen laboral de precariedad: período de prueba, agencias de empleo, pasantías, trabajo en negro, tercerización, desigualdad y, contradictoriamente con el desempleo y el subempleo, la extensión de la jornada laboral más allá de las 8 horas.

 

CFK impulsó aún más la faena menemista.

 

 

Notas

 

1. Ver Prensa Obrera N° 1.471: “La reforma laboral en marcha”.

2. Ver Prensa Obrera N° 1.334, “CFK culmina la faena menemista”.