En declaraciones en los medios, el Secretario General de la C.G.T., Hilario Martínez dijo: “no podemos pedir ahora aumento salarial por que el gobierno piensa en la pandemia”. Con esta declaración vergonzosa, Martínez salió a defender y a justificar al Gobierno de Insfrán, quien niega un aumento salarial, incumpliendo con lo anunciado en marzo, cuando otorgó una recomposición miserable del 15% y se comprometió con un nuevo aumento desde el mes de junio.

El gobierno provincial paga uno de los salarios más bajo del país, quedando en promedio muy por debajo del costo de la canasta familiar. La situación se agrava si se tiene en cuenta el gran porcentaje de trabajo en negro y de precarización laboral. Sin embargo, para el atornillado secretario de la CGT, la situación provocada por la pandemia justifica la decisión de Insfrán, aunque el gobierno haya invertido poco y nada del tesoro provincial para hacer frente a la crisis económica profundizada por la cuarentena.

La posición de Martínez, quien también dirige la UOCRA, de no reclamar por un aumento salarial, es aún más escandalosa si se tiene en cuenta la situación por la que atraviesa el sector de la construcción. De los 10 mil trabajadores registrados, tan solo 1500 están con trabajo. Ahora, con la caída general de los ingresos del conjunto de los asalariados también se provoca la desaparición de la “changa” en la construcción, agudizando el escenario.

La defensa de la política salarial del gobierno es también un guiño a las patronales privadas. Si el Estado no está en condiciones de dar aumento tampoco lo estarían los empresarios, pensaría Martínez, que con el mismo argumento justificaría los despidos. En el último periodo se perdieron cerca de 2 mil puestos laborales en el sector privado y la CGT se borró de todos los conflictos que se suscitaron por la defensa de los puestos de trabajo dejando solos a los despedidos.

Por otro lado, los sindicatos estatales que no levantan la voz van detrás de la línea de Martínez y son cómplices del gobierno.

Los trabajadores debemos sacar todas las conclusiones que deja esta crisis; las patronales despiden, el gobierno te hambrea y la CGT te entrega.

Frente a esto, proponemos al conjunto de los trabajadores y activistas, la conformación de un frente de lucha por un aumento salarial que iguale al costo de la canasta familiar; por un ingreso de emergencia para los desocupados de 30 mil pesos; el cese de los despidos; por la recomposición y la movilidad jubilatoria. Para financiar el costo de todo esto, impulsamos la aprobación de la ley del impuesto a las grandes fortunas presentada por el Partido Obrero y el FIT-U y el no pago de la fraudulenta deuda reclamada por el FMI y los acreedores internacionales.

Con estos elementos y otras medidas esenciales evitaremos que la crisis la paguemos los trabajadores y pondremos las bases para una reorganización social, donde realmente sea la vida lo que se priorice y no los intereses de los capitalistas y sus gobiernos.