El conflicto del Hospital Posadas deja al desnudo la forma brutal en la que el Poder Ejecutivo y sus funcionarios, recurren a la sistemática violación de las leyes vigentes.



Los enfermeros y los demás empleados del Hospital se encuentran trabajando mediante la modalidad de los Contratos Posadas, que se renuevan anualmente. Algunos de ellos están con esta modalidad desde hace 20 años, lo que está prohibido por la Ley 25164, ya que las que ellos cumplen son tareas permanentes y esenciales de la actividad y esto obliga a la Administración a incorporarlos a la planta permanente. 



Los enfermeros del turno noche habían acordado, en forma “consensuada”, cumplir turnos de 10 horas, noche por medio, incluyendo las de los sábados y domingos, trabajando así un promedio mensual de 140 horas.



La nueva administración, a cargo de los doctores Bertoldi, Palmieri y Leonardi dispuso, por medio de una resolución, mantener el mismo método de día por medio, pero con jornadas de 12 horas (de 20 a 8), agravando así las condiciones de trabajo de los que prestan tareas en el turno nocturno, violando el principio de igualdad ante la ley y la razonabilidad exigida, tratando de trabajadores de segunda a quienes cubren los turnos nocturnos. 



En una muestra de perversidad, al pago de las dos horas se lo denomina “aumento de salario” cuando se trata de una simple compensación por esa extensión de la jornada, lo que “aumenta el ingreso” pero no supone un salario mayor.



Tanto UPCN como el sindicato ATE Morón, que comanda el burócrata Darío Silva, aceptaron la extensión horaria y aislaron la lucha de los compañeros del turno noche, con la excusa de que tienen un régimen especial y se trata de un conflicto de ellos.



Este aislamiento ha dejado el reclamo de que se revoque la extensión de jornada sometido al resultado de los amparos legales presentados por los trabajadores.



Pero el primer pronunciamiento judicial favorable no fue acatado por la dirección del Hospital que intenta imponer la nueva modalidad de trabajo con el desconocimiento de lo que se conoce jurídicamente como derechos adquiridos.



La dirección del hospital utiliza, entre sus argumentos, la conformidad prestada por UPCN y ATE, mientras presiona con el despido y no abonando los haberes completos para que los trabajadores renuncien a los amparos, que siguen su circuito de apelaciones. 



En los últimos días se ha sumado el despido de activistas luego de haberse agotado el fuero gremial de 6 meses que tenían por haber sido candidatos en las elecciones del gremio.



La administración no cumple con la ley, ni con los derechos laborales, ni con los fallos judiciales. Y cuenta con la complicidad de ATE y UPCN Morón, que permiten este ataque a los derechos de los trabajadores.



El camino de la Justicia, aislado de la lucha obrera, no garantiza resolver este conflicto, especialmente cuando hay una política del Estado y de sus mandantes, de infringir un retroceso en las condiciones y derechos de los trabajadores, aunque para ello deba incumplir la ley.



Los trabajadores deben sortear los diques de contención de la burocracia, organizarse y superar a esas direcciones para frenar esta ofensiva. Caso contrario, se puede llegar a perder gran parte de las conquistas laborales, tengan o no raigambre constitucional.

 

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