Al calor del chantaje del FMI, la intervención aliancista del Pami, concentrada ahora en la figura del alfonsinista Federico Polak, anunció un nuevo achique presupuestario y una reducción de personal de 2.000 trabajadores. Elimina contratados y plantea jubilaciones, retiros voluntarios, “despidos con causa entre quienes no cumplan sus tareas u horarios” y “despidos sin causa para personal nombrado sin asignación de funciones”. Otro rubro sería la “reasignación de gran parte de los empleados a la Agencia Federal de Salud”, un organismo que sería creado por un decreto, en el ámbito del ministro de Salud, Lombardo (La Nación, 10/1).

Se trata de un nuevo golpe al Pami en el camino de la política trazada por el Banco Mundial de desregulación de las obras sociales. En abril del 2000 los interventores Cecilia Felgeras y Rodríguez Larreta habían renovado los acuerdos con esta entidad, mediante una carta-intención que proponía “…la eliminación de funciones específicas e incompatibles con la función central del Pami dejando al Instituto como un ente pequeño cuya única función sea regulatoria y de control” (boletín de ATE, “Los de Pami”, agosto 2000).

Este acuerdo en disolver el Pami es el hilo conductor entre la actual intervención y las gestiones de Alderete y Bramer Markovic. Eliminar esta obra social es un preciado reclamo de los bancos y pulpos de salud interesados en la privatización del sector. El Pami, por su masa de afiliados y recursos, actúa como regulador público y formador de precios de prestaciones médicas en todo el país y es casi único financiador de la salud en algunas provincias.

La reciente inclusión del Pami en el Ministerio de Salud apunta a especializarlo en la auditoría médica, eliminar la amplia gama de prestaciones sociales que caracterizaron al Pami por varias décadas y trasladar una masa de profesionales y empleados a Acción Social. Para Polak, “…el fuerte control y auditoría médica que hay que hacer, lo pueden hacer empleados del Pami que hoy están dedicados a otra cosa” (La Nación, 24/12).

El presupuesto

La recaudación original de 3.000 millones anuales del Instituto cayó en picada bajo el menemismo por la rebaja de los aportes patronales y el récord de la desocupación y el trabajo en negro. Alderete se jactó de reducir gastos por 480 millones, Cavallo incorporó el presupuesto del Pami al presupuesto nacional con un cálculo de gasto de 2.400 millones que sufrieron sucesivas quitas, y Felgueras-Rodríguez Larreta lo bajaron en otros más de 300 millones. Todo esto a costa de un deterioro de la cantidad y calidad de prestaciones médicas, y de la periódica suspensión de la atención en distintas especialidades y de la provisión de medicamentos.

El hecho de que el Instituto no fuera incluido en el presupuesto nacional del 2001 fue presentado por los gremios y por el propio Polak como una conquista. Sin embargo, la financiación con recursos propios, que hoy no superan los 2.200 millones, es instrumentada a favor del “autoajuste” de la obra social y que “no cierra” sólo con el despido de contratados, sino que apunta a la desaparición del Instituto como obra social.

Los contratos

La gestión Felgueras anuló los contratos de Alderete y recontrató prestadores mediante licitación pública. Duró poco el espejismo, los pliegos se filtraron a prestadores privados antes de su publicación y el cuñado de la Meijide, Tonietto, fue sorprendido con las manos en la masa, favoreciendo un negocio propio.

Todo resultó peor que con Alderete. Los prestadores siguen siendo los mismos, sólo que Alderete proyectaba organizarlos en tres grandes redes gerenciadas por empresas intermediarias; en cambio, los funcio-narios actuales mantienen la modalidad existente de más intermediarios, llamados UGP, que gerencian zonas más chicas que serían “más fáciles de controlar”. Pero los grandes sanatorios siguen siendo cabeza de las UGP y determinan la distribución de los pacientes. Y como el pago por paciente se ha reducido, las prestaciones se deterioran. La publicación El Médico del Conurbano hace una grave denuncia, en el sentido de que los padrones de afiliados de las UGP, sobre los que se cobran las cápitas, están abultados en 15 a 20%. Y que estas gerenciadoras interponen cada vez más trabas burocráticas para el acceso a la prestación, desalentando el consumo para reducir el gasto. Además, los médicos de cabecera han pasado de depender no del Pami, sino de las gerenciadoras, que les colocan límites para la indicación de estudios y prácticas.

Básicamente, poco ha cambiado, el Pami ya nació como contratador de servicios de medicina privada, en lugar de crear su propio sistema asistencial. Lo que sirvió para el enriquecimiento de los grupos empresariales de salud y los laboratorios farmacéuticos y para el “robo para la corona” por las gestiones de turno. Ahora, con el proyecto de liquidación de los únicos servicios propios (el Servicio Social, los Policlínicos de Rosario y la Guardia Médica domiciliaria) el Instituto se convierte en una pequeña estructura de auditoría y la Obra pasa al gerenciamiento privado y a la privatización.

Hay que luchar

Cuando los gremios suspendieron, sobre fin de año, las movilizaciones contra el ajuste de Machinea, lo hicieron con el argumento de que el Instituto había sido excluido del presupuesto nacional y que si había un ajuste debía realizarse sobre la base de personal jerárquico, ñoquis y contratados. Uno de los gremios, Unión de Trabajadores del Instituto, lo manifiesta abiertamente; su dirigente, Vicente Bonasies, “dijo que su gremio ‘está dispuesto a acompañar’ al interventor ‘solamente’ en los despidos de los ‘ñoquis’ y los ‘sumariados’ (Crónica, 12/1). Upcn y ATE no han abierto la boca.

La lucha por la defensa del Pami, junto a las del Anses y la DGI, las tres en la mira del gobierno y del FMI, es el centro actual de la lucha de los trabajadores estatales. De esta batalla depende la suerte de la ofensiva que prepara la Alianza sobre el conjunto de las reparticiones públicas.

La posición del Partido Obrero es que los trabajadores debemos rechazar este ajuste, autoconvocarnos en asambleas y reclamar un plan único de lucha sin diferencia de gremios o afiliación. Por un programa: defensa integral del Pami; ningún despido; anulación de la rebaja salarial; restitución del presupuesto necesario para recuperar todas las prestaciones médicas y sociales perdidas; revisión de las cuentas y los contratos por parte de los jubilados y trabajadores, anulación de los acuerdos con el Banco Mundial; fuera la intervención, dirección del Pami por los jubilados.