La situación de las masas cordobesas se ha deteriorado vertiginosamente: 10.000 trabajadores suspendidos, despidos en casi todas las ramas de la producción, cierre compulsivo de hospitales, arrasamiento de todos los derechos laborales.

La crisis brasileña no ha hecho más que darle un empujón final al hundimiento provincial. Las patronales están aprovechando la situación para ir a fondo en el avasallamiento de los trabajadores, por un lado, y en el reclamo de mayores subsidios estatales, por el otro. Perkins acaba de suspender por tres días a todo su personal (sin pago de los salarios caídos) a pesar de que prácticamente no tiene negocios con Brasil. En estos días se ha desatado una crisis en relación con el fondo fiduciario, destinado a cobrar los 800 millones de dólares que los capitalistas deben a los bancos de la provincia; la evidencia de la incobrabilidad de los mismos (largamente denunciada por el PO) ha puesto al Banco de Córdoba y a las finanzas públicas (la garantía es la coparticipación) al borde de la quiebra. Frente a esta situación la impotencia del gobierno radical es total. Pero la misma caracterización cabe para su sucesor peronista, De la Sota, que ya ha debido relativizar su caballito de batalla electoral de rebajar los impuestos y planteó como acción de gobierno ir a un mayor endeudamiento, que permita responder a los requerimientos de los capitalistas; es decir, echar más nafta al fuego.

El cierre compulsivo de los hospitales (con balas de goma, traslados de bebés por la policía) generó un masivo paro hospitalario de 72 horas. Los vecinos y usuarios de los hospitales cerrados siguen organizados en función de imponer una lucha general. Los trabajadores de Renault votaron el reparto de las horas de trabajo en asamblea. Ante todas estas tendencias a resistir, la burocracia ha cerrado filas en torno de la política oficial, como claramente lo señaló el representante de De la Sota para la transición, González: “actuamos con prudencia y eso lo revela la actitud mesurada de nuestros sindicalistas” (La Voz del Interior, 16/2). Más claro, agua. La burocracia es la garantía de que la situación no se salga de cauce, es decir, que no haya una lucha generalizada, que llevaría a una renuncia anticipada de Mestre.

Esta perspectiva es la que tiene en parte cooptado a un sector del activismo (fundamentalmente de la interhospitalaria). La huida de Mestre serviría como anillo al dedo a Menem, que podría así presentar a la Alianza como una fuerza incapaz de gobernar y fortalecería el planteo de su reelección. De la Sota, por su parte, le escapa a esta perspectiva que le dejaría una provincia incendiada de entrada. En la renuncia anticipada se anotó rápidamente el Mst.

La intervención independiente de los trabajadores pasa por otro lado: establecer una salida de conjunto, un lucha generalizada por el reparto de las horas de trabajo, por el seguro de 500 pesos a los desocupados, por la reapertura de los hospitales cerrados, el aumento del presupuesto de salud y el rechazo al hospital autogestionado, la apertura de las cuentas del Estado y de los capitalistas, la confiscación de los bienes de los deudores del Banco Provincia, el impuesto a los grandes capitales, una alternativa obrera independiente. Para esto es necesario que las organizaciones obreras y populares rompan con el gobierno, las patronales y sus partidos. Esta es la tarea de los activistas.