En el día de ayer, se conoció una imputación que podría obligar a las empresas del reparto como Rappi, Glovo y Pedidos Ya a pagar multas que alcanzarían los 5 millones de pesos. Esta sanción tiene como telón de fondo la relación laboral encubierta entre estas empresas y sus trabajadores que los repartidores vienen denunciando fuertemente.

La acusación, realizada por la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, señala cláusulas abusivas e información engañosa por parte de las empresas. Uno de los aspectos más importantes de esta denuncia es la referida a la relación laboral entre las patronales y los repartidores. Cuando el cliente acepta los términos y condiciones antes de hacer un pedido, estaría contratando el servicio de delivery, a través de un “contrato de mandato”. De esta forma, las empresas se desligan de lo que pueda ocurrir mientras se realiza el pedido.

Por este mecanismo, en el cual se terceriza el servicio a trabajadores monotributistas, las empresas cobran comisiones altísimas a los clientes y a los comercios, sin tener ningún tipo de responsabilidad ni cargas sociales o impositivas. Este mecanismo llega al punto de que las propinas que se pagan con tarjeta, a través de la app de Glovo, deben ser facturadas por los repartidores.

La estafa sobre los clientes al aceptar los términos y condiciones también los obliga a renunciar al derecho de arrepentimiento, que no es otra cosa que la posibilidad de devolver un producto si este no satisface la compra realizada. Glovo restringe la posibilidad de presentar denuncias o demandas solo en los tribunales de Barcelona o en la Corte Española de la Cámara de Comercio.

Esta denuncia sobre el funcionamiento de las empresas de reparto se da en el marco de una cuarentena en la cual han amasado fortunas, al convertirse en un eslabón fundamental de la cadena comercial. Luego de casi tres meses cajoneado, el gobierno ha sacado nuevamente a relucir un limitado proyecto de regulación de la actividad pero ni siquiera ha podido garantizar que las empresas cumplan con los protocolos mínimos de protección frente al contagio del Covid-19.

En el último mes, los trabajadores del reparto convocaron tres paros nacionales y caravanas en distintas ciudades, dos de los cuales tuvieron impacto en distintos países, por reclamos básicos frente a la extrema precarización laboral en la que desenvuelven su labor. La necesidad de un aumento en el pago por pedido, de elementos de higiene, de seguros y ART frente a los robos y accidentes y que se acaben los bloqueos y cierres de cuentas es fundamental para mejorar las condiciones de trabajo.

Por el lugar que ocupan, cada vez más importante en el funcionamiento de la sociedad, los repartidores están llamados a profundizar la organización y la deliberación. Están planteadas asambleas regionales, como mandato de la última asamblea nacional, para debatir la continuidad del plan de lucha y un posicionamiento frente a la regulación que plantea el gobierno. Este camino es necesario para crear las condiciones hacia una representación gremial nacional que lleve adelante, democráticamente, un plan de acción y de lucha reforzando los planteos de los trabajadores. El próximo lunes 8 de junio, el plenario abierto de ATR debatirá como impulsar estas iniciativa en todo el país.