El gobierno nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dio marcha atrás al itinerario para el cumplimiento de la resolución que obliga a los frigoríficos a despachar la producción de carne en trozos de hasta 32 kg. Esto implica continuar, en los hechos, con la carga manual insalubre y sus consecuencias en la salud de los trabajadores.

La medida fue decidida tras las presiones patronales para no invertir en la modificación e innovación de los procesos productivos y el “compromiso” de cumplir con la disposición que prohíbe la carga manual de empaques superiores a los 32 kg. Tenían hasta el 15 de enero para dar cumplimiento al decreto cuestionado. Es decir que el producto podrá seguir despachándose sin trocear pero se supone que no debe cargarse de forma manual sino hasta el límite de los 32 kg.

Esta “solución” inacabada del tema abre la puerta a todo tipo de vulneraciones, en la medida que el gobierno nacional y las provincias ejercen un escaso, por no decir inexistente, control de inspección sobre los lugares de trabajo.

El recule oficial implica priorizar los intereses patronales por sobre la salud de los trabajadores, esto a pesar de que el gobierno abrió líneas de crédito barato, justamente, para que las patronales se adecuen al límite de kilogramos en el troceo.

El deterioro en la salud de los trabajadores es palpable, en una industria donde lo habitual es la carga manual de hasta una media res, que puede superar los 100 kg.

Estas prácticas insalubres también se repiten en otras industrias como en la construcción, donde las bolsas de cemento manejan un peso estándar de 50 kg, que debe ser descargas y trasladadas a pie por los trabajadores, con su consecuencia secuela sobre la salud.

La adaptación de los productos y los procesos productivos a la seguridad laboral de los trabajadores es algo que está al alcance del conjunto de los capitalistas, pero que muchas veces representa la modificación de los procesos productivos y/o la logística que hace menos rentable, aunque sea momentáneamente, los negocios.

La industria de la carne tiene una alta incidencia en el deterioro de la salud de los trabajadores a largo plazo, particularmente en lesiones y traumatismos en la espalda y la columna vertebral, que es propio de los mecanismos de producción y venta de mercadería.

La medida del gobierno implica la continuidad de este flagelo que expone a miles de trabajadores. No pueden garantizar ni el más mínimo atisbo de derecho elemental a la salud, en el afán de ofrecer garantías a las patronales.