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Por resolución de la Justicia, la Junta Directiva del Centro gallego fue desplazada de la dirección del sanatorio luego de un período de codirección con una intervención dependiente del Inaes que ha pasado a tomar el control total del hospital.

La intervención, a cargo del contador La Blunda, funcionario del Inaes, lleva más de dos meses trabajando en el sanatorio y ha declarado que tiene como principal tarea promover la viabilidad del centro de salud. Esto es, explicó en una entrevista, generar los ingresos suficientes para cubrir los gastos corrientes del hospital y la deuda acumulada por sucesivas gestiones que llevaron a un virtual vaciamiento de este Centro. Incluso adelantando que de no ser así, abandonarían el emprendimiento.

Los que metieron la mano en la lata los últimos años, bajo la forma de diferentes proyectos aventureros, van desde gestores de pre -pagas, hasta funcionarios del gobierno, pasando por diversas facciones políticas de la Junta directiva del Centro Gallego y del gobierno de Galicia, que tiene responsabilidades sobre las mutuales de la migración gallega.

La política de la nueva intervención "estatal", que se reclama "camporista", consiste en conseguir contratos de prestación a obras sociales y eventualmente al Pami. De hecho, luego de un período de casi vaciamiento total del hospital, hay actualmente 200 camas ocupadas -más de la mitad- y funcionan los servicios de Terapia, Coronaria, quirófanos y guardia.

Por otra parte, algunos servicios quirúrgicos, como el de oftalmología y traumatología, o el servicio de diagnóstico por imágenes, atienden con un sistema de autonomía financiera en lo que se ha ganado el apodo de "kioscos", manejados por sus jefes. Sucede que durante el largo conflicto ha abandonado el hospital un 40% del personal y se ha acumulado una deuda de salarios y aportes a los trabajadores que oscila entre los 8.000 y 15.000 pesos cada uno. Con lo cual, el plan de "viabilidad" de la intervención, se apoya en gran medida en el dinero de los trabajadores y el esfuerzo físico inhumano de los que quedaron.

El sector de los delegados opositores, han planteado a la intervención que la prioridad es el pago de la deuda a los trabajadores, que están ahogados por sus acreedores o a punto de perder sus viviendas. Y la contratación del personal necesario para trabajar en condiciones normales. Además, han planteado que el futuro de un centro de salud de esta importancia no debe atarse a la rentabilidad, sino a la necesidad social de la salud pública y la defensa de los 1.083 puestos de trabajo. Que el estado debe hacerse cargo de sacarlo adelante y para ello deben abrirse las cuentas, investigar a los vaciadores y su patrimonio y terminar con los kioscos.

Por el contrario, los delegados que responden a la burocracia de ATSA y un núcleo minúsculo que se autodenomina sindicato de salud de la CTA, se han asimilado a la Intervención y juegan el papel de bomberos, tratando de "moderar" los reclamos de los trabajadores.