El 8,07 % de movilidad para los haberes de jubilados y pensionados, que para los de la mínima equivale a $1.500 de aumento mensual o sea $50 por día, da otra vuelta de tuerca en el saqueo previsional del gobierno de Alberto Fernández, acordado con el FMI.

Este ajuste sobre las espaldas de los adultos mayores no puede ser tapado con los dos bonos de $1.500, que se otorga solo para los que cobran hasta $30.000. Sigue siendo una miseria que ni siquiera se incorpora al haber y no les toca a los demás.

Tras el ahorro de 98.700 millones de pesos del 2020, obtenido por la suspensión de la movilidad, ahora se aplica un nuevo ajuste por no considerar la inflación para el cálculo de la actualización. Lo cierto es que los jubilados no le han ganado a las subas de precios ni en 2020 ni en 2021. El 8,07% está por debajo de la inflación trimestral proyectada en 11,4%.

Los $20.571 en que queda la jubilación mínima no llegan ni a la línea de indigencia, hoy en $21.750 según el Indec. Miles de adultos mayores no han podido jubilarse durante 2020 por la pandemia o por no cumplir con los 30 años de aportes debido a los despidos y al trabajo en negro. De esos, la mayoría son mujeres.

Esta miseria que produce la nueva movilidad empalma con los intentos de liquidar las cajas provinciales, con una movilidad aún peor en las cajas especiales como docentes universitarios (7%) y docentes (10,2%), en ambos casos semestrales.  Las trabas en la atención y el vaciamiento del Pami y las obras sociales provinciales también forman parte del saqueo de Fernández y los gobernadores.

A su vez, la vacuna contra el Covid-19 no es garantizada ni siquiera para la totalidad los adultos mayores, aunque sí se aplicó a los VIP ligados a los gobiernos, los sindicalistas y los empresarios.

La jornada nacional del 17 de marzo dará inicio a un plan de lucha de organizaciones de jubilados por un aumento de emergencia de $15.000 para la mínima y equivalente para las restantes, como primer paso para recuperar lo perdido en los últimos años; la derogación de la movilidad de Fernández y el FMI, y por el 82% y una movilidad automática en base a la inflación o al aumento salarial (lo más favorable); por una mínima de $56.000 -equivalente a la canasta básica jubilatoria- y la eliminación del tope de máxima; la restitución de los aportes patronales y devolución de los fondos previsionales usados para subsidiar a los empresarios y pagar al Fondo.

Basta de trabajo en negro o precario, todos en blanco y con el mejor convenio. Incorporación de las Puam y las pensiones graciables al nivel de las jubilaciones, con plenos derechos. Implementación de moratorias previsionales para quienes no cumplen con los requisitos discriminatorios y antiobreros de la jubilación ordinaria, cuando el trabajo en negro y precario es generalizado. Defensa de las cajas provinciales. Vacunación a toda la población, liberación de las patentes y producción nacional bajo control obrero. No pago de la deuda externa.

Que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y convoquen a un paro nacional y plan de lucha por el salario y las jubilaciones. Unidad de trabajadores activos y jubilados.