Organizaciones de jubilados ganaron la calle este 31 de julio, denunciando la situación de agravamiento de la miseria luego de cuatro años del gobierno del Frente de Todos.

Pulverizada quedó la promesa de Alberto Fernández de que venía con su gobierno a recomponer los haberes que el gobierno de Macri había reducido en un 20% (por la movilidad impuesta en diciembre del 2017 y por el no pago durante 6 meses de dicha movilidad).

Hoy en día, la desvalorización de los haberes jubilatorios suma otro 20% más (la mínima es de $70.000 y la cobra la mayoría de los jubilados) y el resto de los haberes vienen aplastándose ya que solo reciben el porcentaje de la movilidad cada tres meses lo que no tiene en cuenta la inflación.

Los bonos para hasta dos mínimas han quedado superados por el nivel de aumento de los precios, ya que arrima la jubilación a los $85.000 o $90.000 para agosto, cifras que tampoco alcanzan para sostener las necesidades de los mayores ya que la canasta de la tercera edad está en $280.000.

El anuncio de Fernanda Raverta (directora de la Anses) de una compensación para agosto, ya que el 82% del nuevo salario mínimo, vital y móvil supera la mínima, tampoco significa recomposición alguna. Permitiría llegar al 82% de $105.000 sólo a los que tengan 30 años de aportes en blanco y que no se hayan jubilado por moratoria. Es entonces miserable, parcial y solo reducido a un pequeño sector.

Además, los bonos y las compensaciones no forman parte del haber. En septiembre, la nueva movilidad se calculará sobre los $70.000 pelados.

En la jornada de lucha, se planteó que la nueva moratoria es otra trampa: la pagan en cuotas de alto costo los propios jubilados que la tramitan y además impone que el trabajador pague los aportes, eximiendo a las patronales que se enriquecieron con el trabajo en negro enormemente potenciado y extendido desde el menemismo a la fecha.

Entretanto, se continúan debiendo miles y miles de juicios por actualización. Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei aspiran a imponer una reforma consistente en el aumento de la edad jubilatoria y en el avance hacia un haber universal para la vejez. Algunos bajaran la idea de volver a las AFJP con el cuento de que aquel que quiera tener una jubilación mejor pague más; se trata, como ocurre en otros lugares del mundo, de la privatización de los fondos de pensión para poder usufructuar los aportes de los trabajadores y usarlos como dinero fresco en la timba financiera, los negociados y la fuga de capitales.

En el acto también se denunció el acuerdo entre Massa, uno de los candidatos del imperialismo, y el FMI, en el que se ratifica el uso de los bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para tener “la posibilidad de intervenir en los dólares financieros a través de la venta de títulos emitidos en dólares en el canje de deuda de agosto de 2020 en posesión de entes de jurisdicciones nacionales como Anses” (Ámbito, 27/7/23).

Se trata a todas luces de un robo a los jubilados, a los que se somete a haberes de indigencia mientras se usan los fondos de la Anses para la especulación cambiaria y para darle cabida a la fuga de divisas.

Las organizaciones que marcharon, entre las que estuvo el Plenario de Trabajadores Jubilados (Eduardo Martínez y Nora Biaggio, integrantes de esa organización, realizaron intervenciones en la jornada), plantearon el programa de lucha que además sostiene la lista del Frente de Izquierda Unidad que lleva a Gabriel Solano como precandidato a presidente y a Vilma Ripoll como precandidata a vicepresidenta:

Aumento de emergencia. Recomposición de lo perdido. Mínima de $280.000 ajustable en forma automática por inflación. 82% del mejor sueldo. Dirección electa de Anses, Pami, cajas provinciales y obras sociales. Pase a planta de todos los trabajadores, basta de precarización laboral (en el Ministerio de Trabajo, las organizaciones de jubilados denunciaron que más del 50% de los trabajadores en Argentina no tendrán su jubilación asegurada debido al trabajo precario o en negro). Moratoria universal para todos los que no lleguen a los 30 años de aportes, financiada con un impuesto extraordinario al capital y con la restitución de los aportes patronales eximidos desde el menemismo hasta la fecha. Defensa de los regímenes especiales y de las cajas provinciales. No al aumento de la edad jubilatoria. No a la jubilación privada.

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