El 17 de noviembre se realizó una jornada nacional de lucha convocada por las organizaciones de jubilados. La caminata comenzó en Anses, pasó por el Pami, y en la Plaza de Mayo confraternizó con la lucha de los trabajadores de la salud y de los docentes, que se encontraban allí concentrados.

La actividad terminó con la entrega a la presidencia de miles de firmas con reclamos centrados en la exigencia de un aumento de emergencia, a la luz de la imparable inflación que se está llevando puestas a las jubilaciones y a los sueldos. Se mostró la brutal diferencia entre la canasta básica de los adultos mayores, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en $151.378 pesos a octubre, y la jubilación mínima, en ese mes ubicada en $43.343, y que en diciembre será de $50.124.

Las intervenciones, entre las que se destacó la de Liliana Carci del Plenario de Trabajadores Jubilados, plantearon que la directora de Anses, Fernanda Raverta, miente. En las puertas de Anses y de Pami, se denunció que el 15,6% de aumento para diciembre “no le gana a la inflación”. Ni a la del trimestre, que ronda el 20%; ni a la anual, que podría sobrepasar el 100%. Concretamente, la cuenta da una pérdida neta para la jubilación mínima, aunque hayan tratado de enmascarlo con bonos fuera del haber. Para los que sobrepasan las dos mínimas la pérdida es mayor, ya que ni siquiera reciben los bonos.

Por otro lado, se planteó que el acuerdo del gobierno con el FMI produce el vaciamiento de Anses y de la obra social Pami, que entre otras penurias ha dejado de atender en clínicas del conurbano y del interior de la provincia y del país, algo que se replica en la cajas y obras sociales provinciales.

Ahora, el FMI exige terminar con las cajas provinciales, armonizarlas con Anses, y liquidar los regímenes jubilatorios especiales de docentes e investigadores y para tareas penosas o insalubres.

Un punto especialmente destacado en la marcha y en el acto fue que unos dos millones de mayores no pueden jubilarse producto de haber trabajado en negro, sin que se efectuaran aportes.

Mientras, el gobierno, presentó en Diputados un proyecto (impulsado especialmente por Cristina Kirchner y sus senadores) de compra de años de aportes en cuotas de casi $5.000 pesos por mes, para “subsanar” esta verdadera barbarie que produce el trabajo en negro, potenciado en el país desde el menemismo. En la movilización, se planteó el apoyo a la jubilación universal, sin compra de años.

Liliana Carci explicó detalladamente un proyecto presentado por la diputada del Partido Obrero-FITU, Romina Del Pla, para defender a los jubilados. En él se plantean cuestiones elementales, que forman parte del programa de lucha de los jubilados, pensionados y adultos mayores; por un lado, la necesidad de que se pase a planta permanente y con contrato en blanco a todos los trabajadores del país; por el otro, que se deben restituir los aportes patronales para la caja previsional, que vienen siendo eximidos o perdonados por los sucesivos gobiernos; y, por último, la necesidad de implementar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, especialmente a las que han sido “beneficiadas” por años de contratar trabajadores en negro o monotributistas.

La jornada se replicó en Rosario, Córdoba, Río Gallegos, Concepción del Uruguay, Misiones, Salta, Luján, Mar del Plata, San Nicolás y Tucumán. En Chaco, se movilizaron los docentes jubilados por el 82%.

El siguiente paso de la lucha, buscando enfrentar el ajuste del gobierno y también generar la fuerza social que haga que la CGT y la CTA tomen la lucha por el aumento de emergencia, la movilidad automática y por el 82%, será en diciembre, para el aniversario de las grandes jornadas del 2017 contra la reforma antijubilatoria de Macri y del peronismo, que la apoyó con sus diputados y senadores.

El diciembre negro se enfrenta con lucha. La Plaza de Mayo será el escenario donde los jubilados, junto a los sectores combativos del sindicalismo y las organizaciones piqueteras, brindarán por los reclamos pendientes.

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