El gobierno provincial aún no ha convocado a paritarias a los judiciales bonaerenses a pesar de su compromiso de hacerlo en febrero. Viene de dar alrededor de un 4% en febrero correspondiente al último tramo de la paritaria del año pasado (calculado sobre el básico de 2019), cuando debía haberse convocado en octubre. Este desfasaje ataca el poder adquisitivo corroído por la inflación que se va acumulando mes a mes.

La escala salarial de los judiciales de la provincia de Buenos Aires es, en relación a las demás jurisdicciones, una de las más bajas del país. Hoy, el básico de un ingresante es un poco menos de $30.000, lo que sumado a la bonificación especial y si tiene título de abogado (algo muy raro en los primeros años donde muchos compañeros son estudiantes) puede llegar a los $45.000. La cosa no mejora para los cargos intermedios (nivel 11 a 17), cuyos básicos oscilan entre los $32.700 y los $49.000.

La consigna que en 2020 enarboló la conducción provincial de la AJB (Asociación Judicial Bonaerense) “ningún judicial bajo la línea de pobreza” fue pisoteada por ellos mismos, al aceptar una pauta salarial en cuotas que implicó, para las categorías más bajas, aumentos miserables.

La lista Verde -conducción provincial de la AJB- y la opositora JUB, que ahora reclaman que “no quiere correr detrás de la inflación”, vienen de aceptar año tras año propuestas salariales que recortan el poder adquisitivo, sean de Vidal, sean de Kicillof. Lo mismo vale para la lista Celeste (co-conducción provincial y de varias departamentales), que en el pasado supo organizar al activismo, está sometida al gobierno provincial.

Por otra parte, en enero de 2021 un fallo admitió una presentación del Colegio de Magistrados cuyo reclamo consistía en equiparar los sueldos de jueces y funcionarios de provincia a los del fuero federal (cuya escala salarial es muy superior a las provinciales). A pesar del alboroto mediático que se produjo, la AJB no ha emitido palabra al respecto. Sucede que de aplicarse el fallo destaparía una fuerte presión para que los trabajadores accedamos a la porcentualidad, un reclamo histórico. De paso, le cuida las espaldas al gobierno provincial que no quiere poner un peso de más para recomponer salarios.

En este contexto la AJB dispuso la convocatoria al Congreso Ordinario para tratar la memoria y balance del año pasado, pero se desconoce el documento que presentará, lo que impide el debate democrático en el conjunto de los trabajadores. Tampoco se vislumbra que se discuta ningún plan de acción.

Reclamamos al gobierno la apertura inmediata de las negociaciones salariales. Ningún aumento por debajo de la inflación proyectada en un 50% anual. Rechazamos la maniobra de cuotificar los aumentos calculados sobre el básico del año pasado. Por un congreso de base de delegados judiciales para impulsar un plan de lucha en defensa del salario.

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