Tras la muerte de una empleada del Juzgado de Conciliación Laboral por coronavirus, el sindicato de judiciales de Córdoba lanzó un paro de 48 horas en reclamo de medidas de bioseguridad. La medida de fuerza consiste en no asistir a los lugares de trabajo ni conectarse de manera digital. Se cumplirá desde la primera hora del lunes 10 hasta la última del martes.

El deceso de efectuó el pasado 6 de agosto. La mujer tenía 34 años de edad y componía un grupo de trabajo de 11 integrantes, encabezado por una jueza. Dicho equipo cumplió un ciclo de trabajo presencial de 14 días y durante el fin de semana se produjo la confirmación del caso de la empleada, que también atendió en la barandilla. La joven trabajadora tenía dos factores de riesgo que fueron desconocidos para el desenvolvimiento de sus labores (La Voz del Interior, 7/8).

Las licencias y el aislamiento para los grupos de riesgo han sido tortuosos mecanismos donde son necesarios pedidos de renovación constantes, sin un verdadero relevamiento y aplicación de las normativas vigentes. Según remarca El Doce, “la trabajadora tenía patologías de base como factor de riesgo”. Esta es la gota que rebalsa el vaso en un periodo signado por la desprotección y violación de las normas de seguridad e higiene en el servicio de justicia provincial. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha atado su política a las demandas de los grandes estudios jurídicos, las patronales y el gobierno provincial. Estos sectores han hecho campaña para el levantamiento de la cuarentena sin garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, que al inicio de la pandemia dependió exclusivamente de los grupos de cada lugar de trabajo.

Las consecuencias de esta política improvisada, inconsulta y desde arriba, saltan a la vista en el avance de la pandemia en las sedes judiciales, estudios jurídicos y el Colegio de abogados.

Por comités de bioseguridad de trabajadores, en cada lugar de trabajo

Mientras los trabajadores judiciales y APEL reclamamos desde el primer momento de la pandemia las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes. Ni el TSJ, ni el gobierno de Juan Schiaretti, han respondido estas obligaciones.

En un momento en que la crisis económica y social profundiza los delitos, la violencia de género, y los pleitos judiciales de todos los fueros, el cuidado y la seguridad de los trabajadores de la justicia es esencial.

Necesitamos comités de bioseguridad de trabajadores en cada lugar de trabajo, para el cumplimiento estricto de los protocolos, como lo han establecido los trabajadores del neumático (SUTNA). Les judiciales tiene ahí una perspectiva a seguir.

Exigimos el relevamiento y la disposición de elementos de bioseguridad en todos los lugares de trabajo. Que se garanticen las medidas de distanciamiento social y de aglomeración de personas. La muerte de la compañera tiene responsables: ningún trabajador y trabajadora perteneciente a grupos de riesgo debe ser afectado a la prestación presencial del servicio y la prórroga de su aislamiento debe renovarse automáticamente.

Urge, de este modo, establecer un programa y una organización independiente para defender nuestros derechos como trabajadores esenciales.