Judiciales de Córdoba: una lucha histórica que deja planteado el desafío de recuperar el sindicato

La aprobación del acuerdo salarial por parte de la Asamblea General de AGEPJ no puede borrar la experiencia de una lucha que durante dos años puso en cuestión el régimen de ajuste salarial y la política de la burocracia sindical. Los trabajadores judiciales llegamos a este desenlace después de alrededor de 40 jornadas de paro, movilizaciones y asambleas en toda la provincia, enfrentando una pérdida del poder adquisitivo cercana al 34%. Son trabajadores endeudados, que no llegan a fin de mes y que seguirán teniendo serias dificultades para hacerlo en los próximos meses.

La propia dimensión del conflicto obligó al gobierno de Martín Llaryora y al Tribunal Superior de Justicia a recurrir a una herramienta excepcional: la conciliación obligatoria de agosto fue apenas la segunda conciliación de este tipo en el Poder Judicial provincial desde el retorno de la democracia. La movilización de los judiciales había desbordado los mecanismos habituales de contención.

Finalmente, la propuesta fue aprobada por 810 votos contra 276, con 59 compañeros que plantearon continuar inmediatamente con el plan de lucha. Es decir, aun después de todo el desgaste, las presiones y el discurso de que “no había nada más para conseguir”, una cuarta parte de la Asamblea rechazó el acuerdo. Es un dato político que no puede ser ignorado.

¿Qué se consiguió y qué quedó pendiente?

El acuerdo incorpora una mejora respecto de la propuesta anterior, pero está lejos de recuperar todo el poder adquisitivo perdido. La propia tabla oficial muestra impactos adicionales a la pauta de la CSJN que varían según la categoría.

Para el ingreso y las categorías más bajas, la mejora adicional parte aproximadamente del 5,65%, mientras que para las restantes categorías se ubica en distintos niveles, llegando aproximadamente hasta el 14%, según los componentes correspondientes a cada cargo.

El acuerdo adelanta además cuotas de la equiparación que estaban previstas para años posteriores, incorpora el 50% de permanencia para una parte mucho más amplia de la planta y reduce del 8% al 6% el aporte extraordinario, generando un incremento de bolsillo particularmente significativo para quienes realizan ese aporte.

Pero hay que decirlo con claridad: no se recupera el 34% de poder adquisitivo perdido. Tampoco se alcanza el programa que los sectores combativos de la organización planteamos durante el conflicto: una recomposición real del 25%, un aumento remunerativo inicial del 15% para todas las categorías y nuevos incrementos mensuales del 2% sobre la pauta de la CSJN hasta alcanzar ese objetivo.

El acuerdo tampoco transforma en una realidad el reclamo de que ningún trabajador judicial quede por debajo de la canasta básica, ni resuelve el conjunto de reivindicaciones que dieron origen al conflicto.

Una maniobra para desactivar la rebelión

El gobierno de Llaryora y el TSJ necesitaban cerrar el conflicto. Y para eso desplegaron una maniobra que excedió al personal administrativo.

La incorporación de un 1,9% no remunerativo también para funcionarios y magistrados fue una pieza de esa estrategia. El mismo gobierno y el mismo TSJ que durante meses sostuvieron que no había recursos para una recomposición salarial terminaron extendiendo ese beneficio a toda la planta judicial.

La conducción de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, encabezada por Silvana Chiapero, acompañó esta salida y terminó firmando el acuerdo de espaldas al consejo de la propia asociación. El episodio tuvo consecuencias internas: integrantes históricos del consejo presentaron sus renuncias mientras se preparaban para una reunión que finalmente nunca llegó a realizarse.

La operación tuvo así un objetivo claro: desactivar la conflictividad en el conjunto del Poder Judicial, evitando que la lucha de los trabajadores administrativos pudiera confluir con los reclamos de funcionarios, magistrados y jubilados.

La política de la burocracia

La burocracia sindical jugó un papel central para cerrar el conflicto. Durante toda la lucha se repitieron los mismos argumentos: “no hay nada más”, “no hay plata”, hay que aceptar porque está Milei, hay que tener cuidado con los descuentos, no conviene seguir peleando. A esto se sumó una política permanente de división entre categorías y sectores.

Esa orientación no fue neutral. Ayudó a generar las condiciones para que una propuesta insuficiente pudiera ser presentada como el máximo resultado posible.

En ese marco hay que ubicar también la política de Federico Cortelletti, que durante el conflicto llegó a provocar reiteradamente a las bases de La Judicial, incluso insultando a compañeros mientras otros registraban las situaciones. No se trata de episodios aislados: forman parte de una política de descomposición de la oposición sindical, vinculada a los compromisos que la conducción mantiene con el gobierno.

El objetivo es evidente: desarticular a una nueva generación de militantes que surgió al calor de esta lucha y que puede constituir la futura dirección del sindicato.

Pero esa política no puede borrar lo ocurrido.

Una huelga que deja una experiencia histórica

Durante dos años, los judiciales demostraron una enorme capacidad de lucha. Fueron aproximadamente 40 jornadas de paro, movilizaciones, asambleas y medidas que golpearon al gobierno y al TSJ. Y, a pesar de la presión, los descuentos y las amenazas, solamente dos jornadas terminaron siendo descontadas.

La lucha judicial fue también una referencia para otros sectores estatales. Los trabajadores judiciales, siguiendo el camino que también protagonizaron los docentes, demostraron que se puede rechazar una propuesta insuficiente y enfrentar las presiones de la patronal y de la burocracia.

La experiencia es particularmente importante porque se produjo en un contexto en el que el gobierno provincial buscó instalar que el ajuste era inevitable y que la política nacional de Milei obligaba a aceptar cualquier acuerdo.

Los judiciales demostraron lo contrario: cuando los trabajadores se organizan, deliberan y salen a la calle, tienen una fuerza que ninguna mesa de negociación puede reemplazar.

El resultado de la Asamblea no debe leerse, entonces, solamente como la aceptación de un acuerdo. También expresa el cierre de una etapa de lucha en la que cientos de compañeros se organizaron, miles participaron de las medidas y apareció una nueva camada de activistas y delegados independientes.

Esa experiencia queda.

Y queda también una conclusión: la huelga histórica de los judiciales deja un antecedente histórico para una eventual huelga general de los trabajadores estatales de Córdoba.

Por un frente único para recuperar el sindicato

Ahora hay que transformar esa experiencia en organización. La burocracia que durante estos dos años intentó contener la lucha no puede ser la que defina el futuro del sindicato.

Por eso llamamos a todos los sectores del Poder Judicial —a A16N, a los delegados independientes, a los luchadores y a todos los compañeros que protagonizaron esta pelea— a construir un frente único para recuperar el sindicato.

Un frente que se apoye en un programa común de defensa del salario, de recuperación del poder adquisitivo perdido, del 82% móvil para los jubilados y de todos los reclamos pendientes de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.

No se trata de sumar sellos ni de repartir cargos. Se trata de poner en pie una alternativa sindical capaz de recuperar la organización para los trabajadores, enfrentar el ajuste y preparar las próximas luchas.

La experiencia de estos dos años demostró que, cuando los judiciales se organizan por fuera de las estructuras burocráticas, pueden hacer temblar al Gobierno, al TSJ y a toda la estructura de poder.

Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que protagonizaron esta lucha histórica y los llamamos a continuar por ese camino. Con organización, unidad y lucha, los judiciales pueden conquistar grandes reivindicaciones y recuperar su sindicato.