Luego de llevar adelante la represión y criminalización de los obreros del Ingenio La Esperanza en lucha contra más de 300 despidos, en pos de imponer una brutal reducción del personal por orden de los futuros compradores, el gobierno del radical Gerardo Morales ha dejado a la empresa al borde de la parálisis completa.

El intento de adjudicación directa al grupo empresario colombiano Omega fracasó por el incumplimiento de todos los compromisos de pago por parte de la empresa, incluso cuando la oferta final de la misma (85 millones de dólares) no equivalía ni a la mitad del valor del Ingenio. Como salida improvisada a ese fracaso, se armó una licitación amañada, con la complicidad del juez de la quiebra, para favorecer al grupo Omega: una convocatoria exprés de una semana, con el monto fijado por el grupo colombiano y con la solicitud de una garantía para presentarse en la oferta de solo el 5%, cuando corresponde por ley el 10%. En el día de ayer (jueves 22) dos empresas, la cementera Minetti y el ingenio tucumano Leales, solicitaron una prórroga para poder presentar sus ofertas.

El destino del ingenio es incierto, y los obreros denuncian que no se están realizando las reparaciones y el mantenimiento necesario para garantizar la zafra 2018, que de todos modos tampoco podría ser garantizada solo con los 600 obreros que siguen ocupados.

El PJ y la disputa capitalista

El PJ ha decidido subordinar los reclamos obreros a una enorme pugna capitalista. A través de su diputada provincial Alejandra Cejas, el justicialismo ha pedido la revocatoria de la licitación por considerarla “irregular y fuera de normativa”; si bien denuncia la “afectación de patrimonio de la provincia de Jujuy”, ya que se vende a un precio muy inferior al valor real del ingenio, la pelea de fondo es por imponer qué grupo capitalista se va a hacer cargo de la administración. El patrocinador legal de la diputada pejotista manifestó que “el Estado debería haber continuado con el proceso licitatorio del año 2008, al que se presentaron cinco empresas pero que fue suspendido por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) a la espera de la aprobación de los pliegos” (Tribuno, 21/2). Pero no hay que olvidar que en aquella época, el síndico del ingenio y todo el STJ respondían al propio PJ, por lo que la suspensión denunciada fue consumada por ellos mismos y se hizo en favor del posterior arrendamiento al grupo Roggio. Esto es lo que explica que se hayan negado a acompañar el planteo de los diputados del Frente de Izquierda de interpelación del ministro de Producción por la situación del Ingenio.

Por su parte, el Sindicato de La Esperanza ha presentado un recurso de revocatoria solicitando la suspensión de la resolución judicial, por considerar que se obviaron todos los procedimientos legales correspondientes (ídem). Pero en nombre de las causas penales que pesan sobre ellos, no han salido de nuevo a las calles y restringen su acción al ámbito legal, abandonando en los hechos el acompañamiento de las medidas de lucha que toma un sector de los obreros junto con las mujeres azucareras.

Reincorporación de los despedidos para garantizar la zafra

Mientras Morales y el PJ pugnan en favor de diferentes grupos capitalistas, el Ingenio se encuentra semiparalizado. La situación se vuelve más dramática aún si se tiene en cuenta que, con el cierre del Ingenio salteño San Isidro, los cañeros independientes de Jujuy que molían allí ahora dependen directamente de que La Esperanza pueda absorber esa producción, para no terminar directamente en la quiebra.

La necesidad de que el gobierno provincial garantice la zafra pasa a ser una cuestión vital para una gran parte del proceso productivo de la región y miles de trabajadores y comercios que dependen de ella. La reincorporación inmediata de los 338 despedidos, así como la administración de los recursos del Ingenio por un comité obrero bajo control de la asamblea general para evitar que prosiga el vaciamiento de Morales, deben convertirse en reclamos de todos. También hay que retomar la exigencia de desprocesamiento de todos los trabajadores de La Esperanza para derrotar las extorsiones que evitan que primen las tendencias de lucha.

Es necesario pelear por una asamblea general que unifique en la lucha a los obreros ocupados y despedidos, apelando también a la solidaridad activa del pueblo de San Pedro y La Esperanza, que serán fuertemente golpeados si este año no hay zafra. La realización de un congreso de bases de la Federación Azucarera Regional que unifique la lucha contra los despidos en los cinco ingenios de Salta y Jujuy, debe servir para fortalecer esta perspectiva.

 

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