“En la empresa éramos 26 personas, la mayoría jóvenes y mujeres. Todos fuimos despedidos mediante el argumento de “fuerza mayor”. Si bien solo a 10 les llegó el telegrama, el encargado dijo que se les envió a la totalidad de los empleados. Además, no pagaron el mes de preaviso ni indemnización, y aún nos adeudan el mes de marzo”: así testimonia a Prensa Obrera una de las despedidas lo sucedido en Jump by Sacoa Nordelta, ubicado en el distrito bonaerense de Tigre.

El local de la reconocida cadena de entretenimiento, que permanece cerrado desde la declaración de aislamiento social, busca descargar así la crisis sobre las espaldas de sus trabajadores.

Incurriendo en la ilegalidad, la patronal no solo desconoce el decreto que prohíbe despidos por 60 días (y cuya precariedad y esterilidad vuelve a observarse en este caso). Con la apelación al causal de “fuerza mayor”, busca ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para pagar la mitad de la indemnización normal.

El avasallamiento a los derechos laborales por parte de Sacoa tiene antecedentes. La joven despedida señala que “si bien estábamos en blanco, no pagaban el plus de horas nocturnas. Y siempre hubo pequeños inconvenientes para efectuar el pago de los salarios en tiempo y forma, incluso cuando estaba el país en normalidad”.

La juventud y las mujeres son el eslabón más débil

Los despidos en Jump Sacoa Nordelta constituyen un caso testigo de la vulnerabilidad laboral que atraviesa la juventud.

6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años se encontraba desempleados o con trabajos informales, a diciembre del año pasado. Esta situación no es homogénea en todos los estratos sociales, siendo tres veces mayor la desocupación en los hogares de ingresos bajos frente a los de ingresos altos, según un relevamiento realizado por La Fundación SES (Sustentabilidad, Educación, Solidaridad) y el Centro de Estudios Atenea sobre datos del Indec.

Además, en el informe se observa una tendencia creciente tanto de la pobreza como de la desocupación durante la última década. En particular, el 2019 cerró con un 40% de pobreza entre los jóvenes de 16 a 29 años, mientras que el 10% se encuentra en situación de indigencia, la cual se duplicó entre el 2018 y 2019.

La doble opresión que sufren las mujeres también se concluye del informe: las jóvenes cobran en promedio un 80% menos, a la vez que trabajan menos horas producto del trabajo de crianza y doméstico no remunerado el cual está fuertemente feminizado.

Esta grave situación se ve acentuada este primer cuatrimestre del 2020 y se conjuga con lo apremiante de la situación: la responsabilidad de tener que colaborar en la manutención de sus familias por el aumento del costo de vida, la profundización del trabajo precario con larguísimas jornadas laborales, los tarifazos permanentes en el transporte público, entre otras.

Organización y lucha en defensa del trabajo

Para que la crisis no la paguemos los trabajadores y nuestras familias, desde la UJS y el Partido Obrero rechazamos los despidos sumarios y reclamamos que todo aquel que denuncie su despido a partir del 1º de marzo sea reincorporado de inmediato y esté garantizada su estabilidad y el pago del 100% de los salarios. En caso de no poder pagar, el Estado debe implementar un impuesto a las grandes rentas y fortunas y no reventar la Anses. Por otro lado, toda empresa que cierre debe reabrirse por el Estado bajo el control de sus trabajadores.

Hay que seguir el ejemplo de los jóvenes repartidores de delivery de las principales apps (Pedidos Ya, Glovo, Rappi, Uber Eats) que vienen de organizar un paro internacional, y ahora van por otro nacional el próximo viernes 8 de mayo, en reclamo por mejores condiciones de trabajo, seguridad e higiene y aumento salarial.

Se impone la necesidad de deliberación y organización de la juventud contra la explotación capitalista.