El 3 de noviembre en la escuela primaria Pablo Pizzurno de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba, Silvana Valdivia profesora de Tecnología de la mayoría de las divisiones del establecimiento, dio su último aliento. Un malestar físico producto de un acoso laboral crónico redundó en un ACV en el mismo lugar de trabajo.

La gravedad de la situación de crisis política, económica y social es el marco en el que se profundiza una tremenda crisis educativa y sanitaria. Recortar responsabilidades a superiores inmediatos próximos es tapar el sol con el dedo, aunque por supuesto no exonera de la parte que les toca cada vez que replican la opresión ejercida sobre su propio rango escalafonario. Luego de lo acontecido, las voces silenciadas por la misma precarización laboral, docentes y trabajadores de Paicor, replicaron comentarios del recurrente maltrato recibido por la gestión directiva. En sintonía con el ajuste en regla el inspector de escuelas primarias Daniel Moccia convocó a Florencia -hija de Silvana- denunciante del acoso laboral, excusándose de no tener idea de las numerosas situaciones de irregularidad. Cabe aclarar que dicho inspector proviene del riñón mismo de la lista Naranja en Uepc, el sindicato docente provincial.

El recorte del presupuesto para educación no solo ha reforzado la pérdida salarial que arrastra la docencia cordobesa desde hace años. La precariedad y flexibilización laboral es la normativa vigente en cada lugar de trabajo. Silvana Valdivia igual que Karina Moyano son la muestra visible indiscutible de un sistema descompuesto que exige funciones y actividades, informes y proyectos en una suerte de improvisación pedagógica que arrojen los números que requieren los organismos internacionales de financiamiento, léase FMI.

Luego de la pandemia, el retorno a la presencialidad completa desnuda aún más el vaciamiento sistemático y la orientación empresarial del sistema educativo, midiendo el éxito del mismo con una mirada productiva. La sobrecarga laboral se opone por el vértice a la creatividad que requiere la tarea, tanto sea por la cantidad de cargos u horas cátedras que se toman -para alcanzar un salario que no se despega de la línea de pobreza- como por la cantidad de estudiantes que se atienden semanalmente. La falta de inversión se aplica a lo edilicio, a la facilitación de materiales y recursos, al cierre de espacios pedagógicos, a la falta de nombramientos docentes y a la negación de creación de cargos como los gabinetes psicopedagógicos y de acompañamiento pedagógico que la etapa histórica demanda, de salud mental nadie habla. Hostilidad y regimentación es la oferta que el Ministerio de Educación provincial ofrece a docentes y estudiantes.

Apenas unas semanas atrás en un derrape de poder, Oscar González, miembro del círculo rojo del cordobesismo, mató en un accidente vial a Alejandra Bengoa docente de Traslasierra. Un evento que no cesa de salpicar pus de la putrefacción del pejotismo local. Para los trabajadores ajuste y miseria, para los gobernantes licencias de todo tipo.

El cuadro se agrava cuando la conducción del gremio docente solo atina a defenderse de los reclamos y acusaciones del sector ante la sucesión de hechos. Apela al desconocimiento de las denuncias de maltrato y aprietes patronales a los que son sometidos les docentes. Lejos de ser representantes de la voz acallada de quienes reclaman justicia, intentan impugnar la posibilidad de organización de las escuelas al entorpecer la consagración de nuevos delegados escolares.

En tiempo de revisión de paritaria, desde Tribuna Docente llamamos a la docencia de conjunto a luchar en contra de la avanzada de recortes del gobierno de Schiaretti y su cartera educativa con el enquistado ministro Walter Grahovac a la cabeza. Rechazamos la reforma estatutaria y el avasallamiento de nuestros derechos, como también los de estudiantes. Reclamamos justicia para las docentes fallecidas víctimas de maltrato laboral y acoso.