La firma del convenio entre Kicillof con la Anses para acceder a la $6.000 millones es una estafa total a los trabajadores de la provincia que aportan a la caja de jubilaciones de la provincia de Buenos aires (IPS).

Esto porque el titular del organismo, Eduardo Santín, afirmó que “el IPS tiene un déficit de $3.000 millones por mes y lo está cubriendo con fondos del tesoro, ya que durante muchos años el IPS ayudo con sus superávit” (Semanario Actualidad, 21/4). En segundo lugar, desde los primero meses del año se está dando vueltas en que existen 50.000 estatales como monotributistas a los que les paga la provincia pero aportan a la Anses (trabajadores precarizados). Por último, solo en educación en el área de cargos docentes están sin cubrir, como mínimo, 25.000 cargos (esto reconocido por el propio gobierno). A esto debemos agregar los miles de cargos que están en la misma situación en distintas dependencias del gobierno; salud, desarrollo, etc.

Desde este punto de vista, decir que el problema del IPS es que hubo 80.000 nuevas jubilaciones y que la relación activo pasivo pasó de 3.47 a 2,57 es una impostura, no solo porque no se cubrieron los cargos y se dejó pasar todo el ajuste de Vidal, sino porque en última instancia, estos nuevos jubilados tienen la edad y los años de aporte para acceder a la prestación.

Por otro lado, se habla de que el IPS ya no tiene letras por cobrar, es decir, los préstamos que hizo ya fueron devueltos. De esto no existe ningún tipo de control. Es curioso que sean los únicos bonos que no tienen rendimientos extraordinarios como si lo tienen BP21 y tantos otros. La asociación por la defensa del sistema previsional (Adesip) denuncia que desde el 2016 mediante una seria de maniobras contables ilegales que están llevando a este vaciamiento (Adesip 21-8-2019), este hecho lleva a rechazar los últimos balances del IPS que lo presentan como negativo.

No existe un mínimo informe de las deudas que tienen los municipios y escuelas privadas con el organismo. Sin la más mínima investigación se cierra de un plumazo un ciclo de robo bestial.

El decreto 261/20, hijo de la ley de armonización de Macri

El decreto de Kicillof está en total concordancia con las leyes que se votaron en diciembre de 2017. El “amigo de los docentes” ratifica las leyes y decretos del consenso fiscal y la ley de armonización sin ningún empacho, las mismas que Macri y los gobernadores aprobaron en las jornadas de diciembre con una brutal represión, se sirven del trabajo sucio de los “neoliberales”.

Si la Anses no cuenta con los datos que ahora solicita es porque Vidal no pudo entregarlos por la presión y la lucha docente.

El objetivo de estas leyes en términos jubilatorios (entra tantos otros) es quedarse con las cajas provinciales y eliminar los regímenes especiales; ¡son las mismas leyes, no inventaron nada! ¿Ahora el Frente de Todos encontró rasgos progresivos en estas leyes y decretos?

Kicillof trafica datos del IPS a cambio de $6.000 millones de pesos, lo cual es aceptar una suerte de endeudamiento de la caja en forma forzada y preparar el terreno para la armonización.

El gobernador de la provincia está concentrado en el pago de la deuda externa sin importar lo que cueste, en febrero pago U$D 275 millones, ahora tiene un nuevo vencimiento por U$D 110 millones. ¿Para qué necesita fondos de la Anses si “el déficit del IPS” (que no es tal) está cubierto por el tesoro de la provincia?

El IPS no está en déficit sino que fue saqueado. Kicillof aprovecha la pandemia para tomar desprevenido a los docentes. La cuarentena del Frente de Unidad Docente Bonaerense y el Suteba debe ser levantada en forma urgente para poner en deliberación sus cuerpos de delegados; comenzando con reuniones virtuales, y accionar por todos los reclamos. El ajuste no se tomó cuarentena.

Ninguna entrega de datos a la Anses. Derogación de las leyes que destruyeron y buscan destruir los derechos jubilatorios y quedarse con las cajas. Apertura de los libros del IPS bajo control de los trabajadores. Restitución de los aportes. Cobertura de todos los cargos. 82% móvil para todos los jubilados. Defendamos el IPS.