A la lista creciente de “globos pinchados” del gobierno Kirchner, se está por incorporar uno de sus primeros y más rimbombantes anuncios: el de la ejecución de un “amplio plan de viviendas para sectores de bajos recursos”. Según Clarín del 24/11, el “gobierno no termina de encontrar una fórmula” para lanzar este plan, que pretendía impulsar “créditos de hasta 50.000 ó 60.000 pesos, a 20 años de plazo”, con cuotas que “no deberían superar los 300 pesos por mes”. Un valor que, desde el vamos, ya dejaría afuera a buena parte de los sin techo: solamente en las villas de emergencia de la Capital, “el 61% de los mayores no tiene trabajo y el 39% que sí lo tiene gana menos de 300 pesos por mes” (Clarín, 8/12). La misma situación podría constatarse entre quienes habitan pensiones, hoteles o inquilinatos. Pero incluso para el sector que inicialmente podría afrontar esa cuota se levanta el fantasma de la indexación, ya que “tratándose de préstamos a tan largo plazo, debería establecerse algún mecanismo de actualización de cuotas” (ídem), como los que, históricamente, han llevado al despojo y a la ejecución de viviendas.

Ahora bien: sucede que este plan – que por lo visto no será tan “amplio” ni “popular” – carece de financiamiento. Es que “los bancos no están dispuestos a embarcarse, en las actuales circunstancias, en líneas de crédito a veinte años” (ídem). La alternativa de que el Estado subsidie al sistema bancario para que éste reduzca la tasa de interés estaría siendo bloqueada por Lavagna, que “ha resuelto ponerle cerrojo a la caja” (ídem).

La razón de fondo para el empantanamiento de este plan es sencilla: Kirchner pretende relanzar la vivienda popular sobre la base de mecanismos “de mercado”. El gobierno pretende armonizar cuotas de vivienda con sala rios que han sido pulverizados… por los propios devaluadores. Es decir que el “objeto” del plan de vivienda social es un pueblo con hambre y sin trabajo. Es por ello que están quebrados los institutos provinciales de vivienda y la CMV porteña, bajo el peso de carteras morosas e irrecuperables.

En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Ibarra pretende sortear este colapso capturando recursos para su “plan de viviendas” por medio de fideicomisos, es decir, con fondos de garantía con las mismas viviendas a construir y financiar. Pero ¿tiene algo que ver esta orientación con la vivienda popular? El financiamiento a cambio de hipotecas sólo tendrá viabilidad si éstas últimas adquieren “liquidez”, es decir, si se puede conformar un verdadero mercado de títulos de propiedad transferibles y ejecutables. Ello sólo tendrá sentido si se financian viviendas para compradores “solventes”, y propiedades de fácil realización. En estas condiciones, el único mercado inmobiliario que podrá relanzarse – y eventualmente subsidiarse – será el de la “clase media alta para arriba”, la única en condiciones de adquirir propiedades cuyas hipotecas revistan liquidez.

Pero incluso esta perspectiva aparece cuestionada por el propio gobierno, que acaba de reconocer que la ejecución de hipotecas, o bien carece de rentabilidad económica, o es socialmente inviable.

El impasse en el plan “popular” de viviendas de Kirchner revela los límites de una tentativa de reconstrucción social sobre las mismas bases sociales que llevaron al colapso al régimen actual. No existe vivienda popular sin un salario mínimo equivalente a la canasta familiar; sin la nacionalización de la banca y las Afjp y su puesta en funcionamiento bajo control de las organizaciones obreras y de los sin techo, que destine una parte de sus recursos a la vivienda y urbanización de las barriadas populares.