Después de ocho años de lucha, los mineros de Río Turbio lograron echar a Taselli, el concesionario que llevó la mina a la quiebra. La noticia se conoció el 11 de abril, cuando los mineros cercaban la Casa de Gobierno de Santa Cruz en reclamo de la anulación del contrato de concesión de la mina; al momento de la movilización, los mineros llevaban varios meses sin cobrar regularmente. Bajo la presión de los trabajadores, y frente a la cesación de pagos del concesionario, Kirchner pidió al gobierno nacional la anulación de la concesión. La caída de Taselli representa un serio golpe para Kirchner ya que el concesionario de Río Turbio era, hasta ese momento, uno de los regulares aportantes a su campaña política. A partir de entonces, comenzó la lucha por quedarse con la “caja de Taselli”, es decir, por la designación del nuevo interventor.

Por un lado, un sector del gobierno provincial, aliado a la Lista Verde de Ate y a la CTA nacional, encabezado por Depetri, busca imponer a Daniel Camerón. El hombre, integrante de la Comisión de Fiscalización de la concesión en representación de la provincia, fue uno de los principales cómplices de la política de Taselli. La Verde de ATE y la CTA argumentan que “tiene experiencia” porque integró el Comité de Gerenciamiento junto al quebrado Taselli…

Por otro lado, el intendente de Río Turbio, que desde hace tiempo trabaja con un grupo de ingenieros ligados a UART, pretende imponer como interventor al ex vicegobernador Eduardo Arnold, un hombre que parece muy ligado a Duhalde.

Duhalde dejó en manos de Kirchner la designación del interventor, lo que lo pone en una encerrona: si nombra a Camerón, recibiría un enorme repudio popular por poner al frente de la mina a la misma camarilla que la quebró; si nombra a Arnold, le abre a Duhalde una “cabeza de playa” en la provincia. Por eso Kirchner dejó la designación en manos de los intendentes de la cuenca.

Los trabajadores han rechazado en asamblea cualquier enajenación de la empresa. En las elecciones de Ate, donde ganó la clasista Lista Negra, y en el Congreso del Carbón, los mineros se pronunciaron por una “empresa estatal bajo el control de los trabajadores”. Esto no puede restringirse al control de los actos de gestión de los nuevos interventores; los mineros reclaman el control integral de la empresa por los trabajadores.