04/05/2006 | 944

La asamblea es nula


Caleta Olivia (Agencia)


 


En instalaciones del Sindicato de Petroleros Privados los integrantes de la comisión directiva aprobaron la memoria y balance del año, ante el malestar de un grupo de afiliados a los que no se les permitió participar de la asamblea. Adelantaron que radicarán una denuncia en el Ministerio de Trabajo al considerar que se violó el estatuto.


 


Norma Villamayor consideró en primera medida que su situación de sancionada no constituye un impedimento para formar parte de la asamblea y cuestionó que los “compañeros que estaban en la puerta actuaron como guardaespaldas y matones. Me dijeron que tenían orden de no dejarme entrar cuando el estatuto dice en el art. 11 inc. 3 que por encontrarme sancionada tengo derecho a presentarme en la primera asamblea para poder hacer mi descargo”, remarcó.


 


Además, sobre el balance cuestionó que existen varios puntos “sobre los que deben rendir cuentas. Han recibido cifras millonarias con el último convenio colectivo firmado en diciembre de 2004, las operadoras han hecho aportes al sindicato de primer grado que ascienden a 17 millones de pesos, sin contar los 100 pesos que han recibido en enero y febrero por cada uno de los 9.000 compañeros que están trabajando en el campo, sin contar los 300 pesos que van a recibir ahora apenas cobremos el primer sueldo con la zona uno, además de los superávit que han quedado de los anteriores balances que no han sido traducidos en el mejoramiento de los afiliados”.


 


Destacó que en la asamblea “se han violado el estatuto en todas sus formas y nos han quitado el derecho de los afiliados, de los trabajadores a defendernos ante cualquier injusticia patronal, la conducción sindical actúa como vocero del gobierno de turno y de las petroleras” y aseveró que horas antes de la reunión desde el gremio “habían generado rumores de que habría personal de empresas que actuarían de guardaespaldas, de matones en la entrada”.


 


Villamayor adelantó que realizará la denuncia ante el Ministerio de Trabajo pidiendo “la anulación del balance, que es vergonzoso porque han violado la ley 23.551 que establece que las memorias y balances deben estar exhibidos con 30 días de anticipación en todos los sectores de trabajo para que los trabajadores tengan acceso y puedan concurrir a votar en forma conciente las sumas, los ingresos y los egresos”.

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