Sin avanzar un paso real en la política de seguridad laboral de parte de las empresas, la dirección del sindicato petrolero decidió levantar el paro, tras una reunión de cinco horas con las patronales y el Ministerio de Trabajo.
Todos coincidieron en que ahora harán lo que ayer prometieron pero no cumplieron. Es decir, un guiso recalentado que provocará nuevos crímenes y mutilaciones laborales.

El resultado de la reunión, según informa LMN, es elocuente: “las cámaras empresarias asumieron el compromiso de suscribir el día 29 de mayo de 2023 en la ciudad de Neuquén los acuerdos producto de la Comisión Paritaria de Seguridad Higiene, conforme acuerdo de septiembre 2022, vinculados con procesos de relevamiento, intervención de autoridad de aplicación y funcionamiento, administración y aplicación de capacitación de personal mediante plataformas digitales”.

Las patronales dicen que ahora van a cumplir lo que hace seis meses acordaron pero no cumplieron. Con absoluta  liviandad, a la burocracia sindical petrolera le alcanzó este nuevo compromiso de la patronal para levantar el paro.

De la adenda flexibilizadora ni se habló. La misma, junto a los ritmos de productividad, es la causa principal de los accidentes. Incluso, el acuerdo de ayer coloca, solapadamente, la responsabilidad de los mismos en el propio personal, puesto que la medida preventiva de fondo sería una “capacitación de personal mediante plataformas digitales”. Ni el menor compromiso de modificar ritmos laborales, retomar condiciones laborales previas a la adenda y otras medidas prácticas.

La intervención de la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo de Nación o subsecretaria de Trabajo de la provincia) suena a broma de mal gusto porque han actuado en forma cómplice con las empresas y porque carecen de personal de inspección suficiente que permita la presencia constante en los yacimientos.

Otro organismo estatal que es una agencia de las patronales en general, pero de las petroleras en particular, es la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo), que se comprometió “a brindar asesoramiento técnico, compartir estadísticas vinculadas a la temática y a compartir resultados de la investigación de accidentes que se encuentra en curso”. Algo que es su deber hacer desde el vamos y que para la situación de inseguridad laboral en los yacimientos no es ni una aspirina.

El balance de parte de la burocracia lo presentó el secretario general, Marcelo Rucci, quien afirmó: “Ya pagamos demasiado caro la pérdida de tiempo en materia de seguridad. Ahora, logramos avanzar para que nuestros compañeros estén más seguros en sus puestos de trabajo”. Lo primero es cierto, lo segundo, una estafa a la base petrolera.

Un tema muy sentido como es el servicio aéreo de evacuación, para brindar celeridad en traslados de heridos, también quedó en la nebulosa. Porque las empresas no quieren hacerse cargo del costo de adecuar un helipuerto en cada yacimiento. Y esto es absolutamente necesario, porque la evacuación por vía terrestre de heridos, por picadas petroleras y rutas destrozadas, no solo es una pérdida de tiempo vital, sino otro riesgo de un accidente sobre el accidente.

Hace años atrás el propio sindicato tenía un helicóptero, pero según su ex secretario general, Guillermo Pereyra, hoy presidiendo la Obra Social de petroleros, les salía “muy caro”. Pero jamás exigieron en años que las empresas pongan otro. Como sí lo hicieron cuando los usaron para trasladar personal ante los bloqueos de la huelga de Salud.

En fin, con solo promesas ante la arremetida de las bases que llevó al paro del lunes, la burocracia se manda a guardar de nuevo. En cada yacimiento es necesario elegir una comisión obrera de seguridad e higiene laboral con facultades de suspender las tareas en caso de riesgo inminente, tal como lo habilita la Resolución 155 de la OIT adoptada por nuestro país por ley, pero que la han transformado en letra muerta.

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