No será la intervención federal la que resuelva los conflictos en San Luis. El jueves 27, una marcha de más de 6.000 personas por el centro de la ciudad, en movilizaciones que se repiten semana a semana, sufrió una vez más el ataque de la patota pro-gubernamental. En la noche del viernes, la procesión cívica del 25/5 (suspendida por la lluvia) modificó su recorrido para evitar pasar frente a la Casa de Gobierno.

Los límites del movimiento están colocados por el reclamo de intervención y la confianza en el gobierno nacional. La Carrió, al mismo tiempo que apoya el reclamo de intervención, planteó en su visita a San Luis que Kirchner pactaba con los Rodríguez Saá (La Nación, 27/5). Una sin-salida.

El gobierno nacional ha acudido al salvataje del gobierno provincial. Aníbal Fernández y Daniel Filmus, bajo las órdenes de Kirchner, junto a la Ctera, corrieron al auxilio del “Alberto”, lograron mediante muchas maniobras que el paro docente se levantara e impusieron un estatuto del docente que le otorga más poder al Ejecutivo provincial sobre la educación.

Cooptaron a la dirección de Asde (nuevo sindicato docente, que traicionó la lucha de docentes y padres).

Pero el conflicto no se ha cerrado. Los docentes han formado un Comité de Lucha que está empezando a desenvolverse como la nueva dirección del movimiento. El paro se ha retomado en localidades del interior (Quine, Candelaria) y en escuelas de la capital, junto a asambleas y otras medidas. El reclamo no se limita a la denuncia del Estatuto aprobado por el gobierno y Asde, sino que se extiende a otros reclamos, como el nombramiento de suplentes, arreglos de infraestructura, mobiliario, etc., lo que significa la defensa de la escuela pública y el rechazo a cualquier intento de privatización y “autogestión”.

La Multisectorial ha insinuado, con distintos matices, que los docentes deben incorporarse al reclamo de intervención. Pero esto es resistido por la mayoría del movimiento que se nuclea en la Carpa. No sólo por el rechazo a la intervención federal como salida, sino por la ligazón estrecha entre la “mediación” del gobierno nacional y la Ctera, con la traición a la lucha docente.

Las luchas en curso

La lucha en defensa de las Salinas del Bebedero, que representan 500 puestos de trabajo, es un nuevo escenario de conflictos. Las “bondades” del Plan de Inclusión Social no estarían en debate si no fuera responsabilidad del gobierno provincial la existencia de decenas de miles de desocupados.

Es justamente allí donde se empieza a manifestar la crisis del régimen mafioso. La utilización permanente de los planes como fuerza de choque del gobierno va encontrando límites. Parcelas (cuadrillas) que se niegan a marchar con el gobierno, otras que se resisten al despido de trabajadores que participaron de las marchas docentes, etc., son indicios del resquebrajamiento del poder de la patota punteril.

Docentes, estatales, salineros, desocupados tienen un programa común para la provincia, representado por un salario mínimo de 1.000 pesos, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo, y la duplicación del monto de los planes hasta alcanzar los puestos de empleo genuino. La salida tiene que pasar por echar a los Rodríguez Saá, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente en la provincia y los municipios para implantar una reorganización social y política a favor de la mayoría trabajadora y explotada.