La causa contra los dirigentes camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, por supuestos bloqueos contra la empresa Distribuidora Rey de San Pedro, se ha convertido, para la derecha y las patronales, en un “caso testigo” (así la definió Clarín).

El juez interviniente, Román Parodi, acaba de revocar el beneficio de la prisión domiciliaria que se les había otorgado ante “la ausencia de antecedentes penales y la situación del proceso (prácticamente concluido)”. Ahora ambos deberán volver a una cárcel común.

La carátula del expediente -turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción- supone penas de hasta 10 años. El sindicato desmiente que haya impedido el funcionamiento de la empresa y esgrime que las acciones gremiales se debieron a que la patronal “evadía impuestos, tenía empleados en negro y pagaba fuera de convenio”.

El Ministerio de Trabajo bonaerense acreditó la existencia de la deuda empresaria con el sindicato, pero ante la falta de la documentación pertinente, insólitamente, fue allanada la sede gremial. Los abogados de la defensa denuncian también escuchas ilegales y otros “ilícitos en la sustanciación del legajo fiscal”.

Macri y varios dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a despotricar contra “la mafia camionera” y un grupo de diputados del PRO solicitaron la cancelación de la personería gremial.

La abogada patrocinante, Florencia Arietto -vocera del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, el brazo de choque antisindical creado por Patricia Bullrich- reclamó una “reforma de la ley de entidades sindicales”; adelantó que “tenemos el proyecto y la vamos a meter, de manera institucional o dando el combate donde lo tengamos que dar (…) Antes de hablar de reforma laboral hay que hablar de reforma sindical porque si no es inviable este país”.

La ofensiva judicial contra camioneros es un ariete contra las organizaciones sindicales y el derecho a la protesta.