Aunque la curva de contagios sigue en ascenso y la renegociación de la deuda no termina de cerrar (pese al recule sistemático del Gobierno) el debate que domina la agenda de la burguesía es la “nueva normalidad” y las condiciones de la recuperación económica.

El debate se desarrolla en torno a tres aspectos: los subsidios y recursos destinados a auxiliar a las empresas, la modificación de métodos de trabajo y la contención de la crisis social y la conflictividad.

El primero de estos aspectos es el más complicado porque el Estado está quebrado y la mayor porción de sus escasos recursos irá a los especuladores internacionales y al FMI; la puja entre los capitalistas vernáculos por lo que queda promete choques cada vez más fuertes. Todo en un escenario de quiebras y preventivos de crisis masivos.

La moratoria impositiva (que ya ingresó al Congreso) y un nuevo blanqueo de capitales para financiar inversiones, la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción y la reforma tributaria, son reclamos generales. Por otro lado, el campo pide una rebaja de las retenciones y las petroleras, reactivar Vaca Muerta con mayores subsidios. La emisión ya es desenfrenada y el alza de precios está apenas contenida por las regulaciones y el congelamiento de tarifas que las mismas patronales quieren desactivar.

La “hoja de ruta” serán los acuerdos sectoriales, que permiten lidiar con estos desequilibrios y, sobre todo, avanzar en la consolidación de condiciones laborales más flexibles impuestas bajo la presión de la pandemia, haciendo frente a los posibles focos de resistencia de manera escalonada.

La eliminación del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que solo se pagará una vez más, tendrá un impacto muy fuerte. Lo que se propone es implementar una “renta básica” o un “ingreso universal” para la población más vulnerable. Así lo explicó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en un encuentro virtual organizado por la Iglesia. El alcance y el monto del programa quedará sujeto a los recursos fiscales disponibles, pero se estima que podrán acceder unos tres millones de personas (contra casi 12 millones que se inscribieron para cobrar el IFE). Obligará a una contraprestación y podrá ser contabilizado como parte del salario tanto en la actividad pública como privada.

La burocracia sindical es la pieza maestra de todo este diseño. “Queremos conformar una mesa que no sea sólo para reclamar sino para trazar una mirada más de mediano y largo plazo, atendiendo a la coyuntura, pero también a lo estructural”, declaró Gerardo Martínez, jefe del gremio de la construcción (Uocra). Es la línea “oficial” de la CGT de la cual Martínez es secretario de Relaciones Internacionales. Los “díscolos” de la Corriente Federal, por su parte, convocan “a la unidad sin exclusiones del movimiento sindical en la CGT”, ya que “no puede correrse el riesgo de poner en duda su representatividad en los difíciles momentos que se avecinan”. O sea, reclaman su participación en la entregada.

Eso sí, sin dejar de señalar que “no son acertadas las medidas sobre jubilaciones o el fraccionamiento del aguinaldo, la reducción salarial en ciertos casos (¡en ciertos casos! NdR) o el auxilio de grandes conglomerados empresarios que participan de la fuga de capitales y pueden cubrir la emergencia con recursos propios, mientras se posterga el análisis de las contribuciones de las grandes fortunas y la reforma financiera”.

La centroizquierda y direcciones filo K del movimiento obrero reclaman su lugar ofreciendo su rol de contención “por izquierda” como lo muestra la movilización impulsada por el gremio de aceiteros en apoyo a la expropiación de Vicentin (que el mismo gobierno archivó).

La respuesta represiva que sufrieron los choferes de UTA y anteriormente los municipales de Mendoza se inscriben en una orientación política de la burguesía, tanto oficialistas como opositores, de reforzamiento del aparato represivo como método de control y disciplinamiento social.

Mientras tanto las luchas de los trabajadores contra el ajuste continúan. Nuevas camadas de activistas van surgiendo al calor de la crisis. Se abren paso luchas salariales como los trabajadores de la pesca, de la industria lechera y petroquímicos.

La lucha por la independencia política de los trabajadores se vuelve fundamental. La lucha contra el ajuste golpea (y lo hará con mas fuerza) las expectativas que amplios sectores del movimiento obrero mantienen en el el nacionalismo burgués.

La reunión multisectorial del miércoles convocada en Casa de Gobierno por Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos) y Claudio Moroni (ministro de Trabajo) que incluyó a ambas centrales sindicales, a la Unión Industrial, la Cámara de Comercio y a referentes de la OIT, fue otro paso en dirección del prometido Consejo Económico y Social. La reunión fue más “inclusiva” que la del 9 de julio, que estuvo “dominada” por la presencia de los principales grupos empresarios del país -el llamado G6.

La vía para revertir el atraso y poner en marcha la producción es la nacionalización bajo gestión obrera de los principales resortes económicos y la reorganización de la producción en función de las necesidades sociales, desconociendo la deuda externa y rompiendo con la subordinación al FMI.

Este es el núcleo del planteo programático que defiende el Plenario del Sindicalismo Combativo que se reunió recientemente para lanzar un nuevo plan de acción en todo el país.