Rodolfo Daer, en nombre de la CGT, le propuso al gobierno y a la Unión Industrial un acuerdo para “suprimir o reducir las indemnizaciones” y poner fin al principio de “ultraactividad” que rige en las negociaciones de los convenios. La “ultraactividad” significa que si no hay acuerdo entre la patronal y el sindicato en la firma de un nuevo convenio, se mantiene indefinidamente el que está en vigencia.

Con esta propuesta, la burocracia cegetista ha aceptado el 80% de los reclamos del gobierno y las patronales. Una de las mayores exigencias de las patronales es que se reduzcan y se ponga un tope a las indemnizaciones de los trabajadores para facilitar los despidos.

La CGT propone que la indemnización reducida se aplique a las patronales con menos de 5 trabajadores. Esto, que lo presenta como un límite, es más nefasto aún, ya que divide a los trabajadores por número de establecimientos, con lo que facilita su puesta en práctica. Ya después, el gobierno y las patronales se encargarán de elevar el límite a 10, 50, 200 y luego a todos los trabajadores.

Es falso que el objetivo sea, como dice la burocracia, “blanquear la situación laboral de quienes actualmente trabajan en negro y entusiasmar a los pequeños empresarios” a que tomen personal (Clarín, 3/3).

Cualquier trabajador se da cuenta de que el objetivo es despedir a los que están trabajando, de manera de reemplazar a trabajadores con años de antigüedad por nuevos y a salarios más bajos. La eliminación de la indemnización facilita el despido y la baja de los salarios.

Esto se complementa con la propuesta de eliminar la “ultraactividad”. Se trata de un principio jurídico defensivo, que le permite a los sindicatos no aceptar los reclamos antiobreros de las patronales y defender lo conquistado hasta ese momento. También las patronales pueden valerse de la “ultraactividad” para no firmar un convenio con cláusulas más favorables para los trabajadores. Lo decisivo sigue siendo la organización independiente de los trabajadores para defender lo conquistado y arrancarles nuevas conquistas a las patronales.

Pero Daer propuso reemplazar la “ultraactividad” por un mediador designado por el Congreso o un “ombudsman laboral”, con lo que se avino al reclamo patronal y del gobierno de que haya un arbitraje patronal.

Daer sabe que la derogación de la “ultraactividad” es hoy un reclamo fundamental del gobierno y las patronales para imponer los planes de flexibilización laboral, y por eso ha franqueado las puertas para derogarla. Por ejemplo, Funes de Rioja, de la Unión Industrial, dijo claramente que “entre las reformas de la legislación que actualmente se discuten, uno de los puntos centrales es el de terminar con la ultraactividad” (El Cronista, 25/2).

Es que para el gobierno y las patronales la entregada sistemática de los convenios por parte de la burocracia, como el de Fiat-Smata, el que firmó el propio Daer en la alimentación o el de Cavalieri en comercio, deben ser completados por una herramienta adicional. Ese instrumento es para garantizarle a la burguesía de que ante una eventual crisis en las negociaciones de los convenios que impida llegar a un acuerdo, el nuevo convenio se destrabe.

En el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso, ese destrabe corre por cuenta del arbitraje del Ministerio de Trabajo, que fija los términos para resolver las disidencias en base al denominador mínimo común de las propuestas sindicales y patronales. Por ejemplo, si la patronal quiere que el convenio sea regional y el sindicato insiste en que sea nacional, el Ministerio debe laudar por el alcance regional.

Daer propuso sacar el arbitraje de las manos del Ministerio de Trabajo y conferírselo al Congreso o a un ombudsman. Se trata de una propuesta más perniciosa ya que se reviste de “democrática” cuando el Congreso ha sido la partera de todas las leyes flexibilizadoras de los últimos tiempos.

La patronal agarró al vuelo las palabras de Daer y de inmediato el negrero Funes de Rioja dijo que “es admisible que se busque una fórmula … que resuelva los mecanismos de la transición … Ese mecanismo puede ser un ombudsman, como propuso el titular de la CGT, Rodolfo Daer” (ídem).

En el Congreso, los ‘democráticos-duhaldistas’ también se prendieron a la propuesta de Daer. Por ejemplo, Antonio Cafiero dijo que “la idea es interesante”. Sobre esta base, La Nación (26/2) concluyó que “Daer dio una señal de acuerdo”.

La burocracia está empeñada en imponer la flexibilidad laboral de hecho (firma de convenios flexibilizadores) y de derecho (con las leyes que reclama el gobierno y las patronales). Sin embargo, no ha podido soslayar la resistencia de los trabajadores, que la obligó a lanzar varios paros generales, mientras busca hacer pasar la flexibilidad con ropaje ‘democrático’.

Esto significa sacar de las leyes flexibilizadoras algunos puntos ‘irritativos’ para hacer pasar lo fundamental. “Modificar la jornada, admitir la movilidad funcional y geográfica o la rotación del personal y prever la capacitación de los trabajadores para que se adapten a las nuevas tecnologías es adecuar las relaciones laborales … Pero la precarización laboral y el trabajo sin descanso por 30 días no crea empleo … Lo que logra es habilitar condiciones de explotación” (Cafiero, Clarín, 22/10/96) .

Para Cafiero, modificar (alargar) la jornada de trabajo, eliminar las categorías, desplazar al trabajador por cualquier lugar del país, reemplazar o rotar trabajadores (despidos libres) no ‘habilitan’ condiciones de explotación. Recién se entraría en el terreno de la explotación si se trabajan 30 días seguidos sin descanso. Esta es la concepción laboral ‘democrática’, cuya mediación pide Daer.