En los primeros cinco meses del año, se cerraron más de 500.000 cuentas sueldo. La industria sufrió en junio una caída interanual de 6,7 por ciento, la mayor desde el año 2002. 

 

Además de beneficios fiscales o una nueva devaluación frente a las importaciones, las patronales reclaman una reforma laboral que, como adelantó un editorial de La Nación, incluye “cambios a las indemnizaciones por despido, flexibilización de las relaciones laborales, formas de contratación más baratas y paritarias por empresas”. 

 

En esa orientación se inscribe el proyecto de Empleo Joven, la modificación al régimen de ART, la nueva reforma del Estado -que pone bajo la lupa otros 100 mil puestos de trabajo- y el rechazo de Macri a reabrir paritarias.

 

¿Otro Pacto Social?

 

El fallo de la Corte, que intenta rescatar el tarifazo del limbo al que lo había llevado la lucha popular y los desaguisados de Aranguren, puso en evidencia las carencias políticas del macrismo y abrió un debate en el seno de la burguesía.

 

La alternativa de un “pacto social”, que el gobierno descartó en su momento, vuelve a escena de la mano del massismo. El diputado renovador De Mendiguren articuló un acuerdo entre sindicatos y empresarios del sector metalúrgico, a través de la comisión de Industria, que preside. La iniciativa, saludada por Monzó, presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la cadena de poder presidencial, obtuvo el respaldo del bloque del PRO en la comisión, de Recalde y de Daer; todo un pronunciamiento.

 

Cruje la tregua

 

La Marcha Federal del 2 de setiembre, a pesar del contenido pro-kirchnerista que pretendió darle la CTA convocante, no pudo dejar de expresar el rechazo a la tregua de la CGT, que no se alteró pese a los 200 mil despidos o los 10 puntos de pérdida salarial.

 

El flamante triunvirato ha dejado la eventual concreción de un paro en manos del confederal del 23 de setiembre. Pero un paro aislado, si llegara a concretarse,  no implicaría un abandono de su estrategia de colaboración con el gobierno. 

 

Además de reclamar “prudencia y sentido común” desde el atril del foro empresario, el gobierno activó un comité de funcionarios para tender puentes con el sindicalismo. La oferta oficial incluye una ayuda a Moyano para solucionar el conflicto de OCA: “el pago de salarios pendientes y una eventual moratoria impositiva” a cambio de desactivar el paro nacional “o al menos reemplazarlo por una medida de fuerza de menor impacto, como una movilización”. 

 

Paro activo y plan de lucha

 

La Coordinadora Sindical Clasista, que se reunirá esta semana, lanza una campaña de asambleas y pronunciamientos, por un paro activo y un plan de lucha para derrotar el ajuste. Esto supone la superación de la burocracia y la convocatoria a un congreso de delegados de base que elabore un programa antagónico al de “los ajustadores”, sean oficialistas (Cambiemos) u opositores (Massa, FpV, PJ).