La conducción de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP) anunció hoy la suscripción de un acuerdo con Metrovías y el Gobierno de la Ciudad que establece severos límites a la acción gremial. El acta en cuestión dice que el mantenimiento adecuado del servicio exige una “previsibilidad en las relaciones laborales”, pero no se refiere con esto a garantizar las condiciones de trabajo de los obreros, sobre lo cual no se ofrece ninguna ‘previsibilidad’, sino simplemente a un cercenamiento del derecho a huelga. 

El gremio se compromete, a partir del documento que lleva las firmas de Roberto Pianelli y Néstor Segovia por la parte gremial, a evitar “interrupciones del servicio de Subte o Premetro” (Art. 2), y a “no adoptar medidas de acción directa” (Art. 4) sin agotar primero una serie de instancias preliminares.

Puntualmente, el acta establece que cualquier medida de fuerza deberá estar precedida por un período de reuniones con el Gobierno de 15 días (Art. 5) y un preaviso posterior de al menos cinco días (Art. 6). Pero esto no es todo, porque incluso en caso de que la medida de fuerza se materialice, el gremio queda obligado a ejercer la misma “evitando, en lo que esté a su alcance, que la circulación de los trenes se va impedida por obstaculización en las vías, andenes o cabinas” (Art. 7). Este último artículo, el más grave, institucionaliza el carneraje ya que,  desalojados los trabajadores de las zonas de tráfico que se puntualizan, jefes o carneros harán correr los trenes, evitando, definitivamente, toda medida huelguística.  El acuerdo, que tampoco retrotrae las más de cien sanciones y juicios vigentes a delegados y trabajadores, se extiende hasta diciembre de 2019.

En una declaración por Twitter, Segovia celebró el acta como un reconocimiento por parte del gobierno a la AGTSyP, esto con independencia del contenido antiobrero del acta. Pero ni siquiera es tal el reconocimiento, porque la UTA conserva el monopolio de la personería gremial y la AGTSyP nunca perdió su condición de sindicato “simplemente inscripto”.  Si en varios meses no recibieron a sus dirigentes y ahora lo hacen, es sobre la base de la aceptación que firmaron de las condiciones patronales en materia de bloqueo de medidas de lucha y rebaja salarial.

El acuerdo implica un empeoramiento con respecto a las 48hs de aviso que se exigía hasta hoy ante cualquier medida de fuerza, según la Ley del subte, ya de por sí coercitivo y base de la declaración de “ilegales” de la mayoría de las medidas tomadas y de procesos judiciales a quien las tomaba. “Es un ataque en regla al derecho a huelga y es peor que la declaración [del subte] como servicio esencial”, analizó Christian Paletti, de la Agrupación Naranja del Subte, quien también es candidato por la opositora Lista 6 Multicolor en las elecciones de la CTA de los Trabajadores que se llevarán a cabo el 6 de septiembre.

A su vez, otra acta –que lleva también la firma de la UTA- establece un acuerdo salarial a la baja (25,5% en cuotas más una suma fija de $4000), muy por debajo de las proyecciones inflacionarias. 

Las bases del subte deben rechazar esta entrega de la conducción de la AGTSyP, que va contra la trayectoria de lucha en el sector.