En la asamblea legislativa de apertura de sesiones ordinarias Milei anunció que “los convenios colectivos específicos que realizan en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector”. Se trata un aspecto estratégico del ataque lanzado sobre los trabajadores.

Los convenios colectivos surgieron al calor de las huelgas de principio del siglo pasado, en el proceso de consolidación de las organizaciones gremiales. El objetivo declarado era darle un carácter permanente a las conquistas obreras arrancadas en la lucha y evitar que las patronales las desconocieran en un momento posterior de reflujo o caída de la actividad.

Se reconoce el primer convenio a los gráficos, tras una huelga de 59 días en 1906. Entonces, las patronales en aquel momento argumentaban que las actividades gremiales correspondían al ámbito de los delitos penales y que los reclamos debían ser elevados al Jefe de Policía. Con el triunfo de los huelguistas se rubricó un convenio que establecía límites a la jornada laboral, condiciones de trabajo, salarios y categorías. Además se conformó una comisión paritaria permanente para velar por su cumplimiento. Aquel hito sentó las bases del modelo sindical convencional argentino. Los ataques en nombre de la “modernización laboral”, no son otra cosa que ataques encubiertos a las conquistas de los trabajadores.

Convenios extemporáneos

Desconocer los convenios es uno de los viejos anhelos de la burguesía. Uno de los argumentos más repetidos es que las convenciones son de otro siglo, pertenecen a otro momento histórico y es necesario actualizarlas. Por supuesto que eso es cierto. Y ahí está el centro del debate.

Los convenios no deberían ser textos estáticos, anquilosados que por esa condición resultan, en muchos casos, poco útiles para los trabajadores.

La reconversión tecnológica de los últimos años impone una discusión plena y permanente de las tareas y condiciones de trabajo.

Pero a condición de que ese debate sea formulado por las asambleas obreras de base, los plenarios/congresos de delegados, el funcionamiento de las ramas y las asambleas generales de gremio.

La burocracia sindical, lejos de ello, anula la participación activa de las bases en la vida sindical.

Un ejemplo claro es la directiva del gremio gráfico, que en la última modificación del estatuto eliminó las comisiones por rama, instancia para discutir pormenorizadamente las particularidades de la actividad, y la Asamblea General como órgano máximo resolutivo, que debería resolver de conjunto el pliego de reivindicaciones y el plan de lucha.

Lejos de eso, las modificaciones posteriores del convenio las llevó adelante a espaldas de los trabajadores.

Otro ejemplo, muy ilustrativo por la resonancia que tuvo en su momento, fue la modificación del convenio petrolero mediante una adenda firmada por Guillermo Pereyra bajo el macrismo en Vaca Muerta, que implicó un recorte del costo laboral del 30/40% a costa de las condiciones de trabajo.

En los ’90 podemos encontrar un antecedente al plan Milei: el convenio Smata-Fiat. Impuso salarios un 50% inferiores comparado con el resto de la industria automotriz, eximió de las cargas sociales a las patronal, atacó las vacaciones, horas extras, aumentó los ritmos de trabajo, extendió el periodo de prueba.

Menem, presidente en ese momento lo dijo hasta el cansancio: “este convenio es el modelo para todo el país”.

En el último periodo el Smata volvió a reincidir y firmó en Toyota un convenio flexibilizador de la jornada laboral para garantizarle a la producción a la patronal sin abonar horas extras.

La burocracia sindical no tiene el menor interés en movilizar a los trabajadores. Menos que menos para actualizar los convenios. Pero como el vacío no existe, ese lugar lo llena la burguesía en sus términos: flexibilidad laboral.

Convenios por empresa

Los convenios por empresa están contemplados en la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo. Fueron incluidos en la reforma laboral sancionada en mayo de 2000.

Estos convenios pueden ser firmados por la representación gremial con personería jurídica y la empresa, no necesitan ser homologados por el Ministerio de Trabajo y su carácter es inferior al convenio colectivo de la actividad.

Ejemplos de convenios por empresa firmado por los trabajadores hay muchos. Son progresivos en cuanto superan las condiciones de trabajo establecidas en el convenio madre. Pero el sentido esencial del planteo de Milei, como en los ’90 y desde allí en múltiples ejemplos, es que el convenio por empresa pueda perforar a la baja el convenio marco. Fue justamente uno de los temas claves de la famosa “Ley Banelco” bajo el gobierno de Alianza, con el centroizquierdista Flamarique como ministro de trabajo, que respondía a “Chacho” Álvarez dentro de la coalición que encabezó De la Rúa, a la postre fugado en helicóptero ante la rebelión popular de 2001.

El clasismo desenvuelve su actividad tomando como piso las conquistas plasmadas convencionalmente y a partir de ahí establece la lucha por mejorar ese piso. Algo que en el antiguo convenio gráfico 1975 se llamó “beneficios mayores”, en una cláusula expresa para habilitar ese tipo de conquistas.

La burocracia utiliza este método a la inversa, para desorganizar. En lugar de pararse en los sectores más dinámicos y combativos de la actividad y a partir de allí y sus conquistas particulares reforzar la lucha del conjunto, atomiza los reclamos y los canaliza hacia la resolución particular. En el mejor de los casos.

También en el gremio pastelero utilizan los convenios por empresa para desconocer el convenio madre y encuadrar a todos los trabajadores de una unidad productiva en el convenio de la rama menos beneficiosa y empezar a discutir condiciones de trabajo desde allí.

Ni hablar del uso de los convenios más flexibles como Comercio o Uocra para encuadrar cualquier tipo de actividad. Es el caso de “convenios depósito” muy usados en la tercerización laboral.

El planteo de Milei va más allá: su eufemismo “asociación libre de trabajadores” despoja de la organización gremial a los trabajadores y pretende desconocer la desigualdad que existe entre patrones y obreros en el régimen social actual. Finge ignorar que los sindicatos nacieron justamente como respuesta colectiva de la clase explotada para enfrentar el poder de la clase dominante.

Milei desea retrotraer a los trabajadores al siglo XIX. Su ataque a los convenios no es, como lo presenta, una acción contra la burocracia, sino contra los sindicatos y contra la organización colectiva misma de la clase obrera, cualquiera sea su forma. Por lo tanto contra los trabajadores.

La norma más favorable al trabajador

En la legislación actual rige el principio de la norma más favorable para el trabajador. El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo establece puntualmente que “en caso de duda sobre aplicación de norma legal o convencional prevalecerá la más favorable al trabajador”. Se trata de un precepto que nace de un principio: que el trabajador es eslabón débil en la relación obrero-patronal.

La Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, en su artículo 8, especifica que “la aplicación de las convenciones colectivas no podrán afectar las condiciones más favorables a los trabajadores, estipuladas en su contrato de trabajo”. En cualquier variante, el principio es el mismo.

El anuncio de Milei implica una modificación de este principio legal. Pero el presidente no puede arrogarse facultades legislativas, por lo tanto la reforma que pretende debería pasar por el parlamento. En eso están todos los partidos patronales, que han presentado multitud de proyectos de reforma laboral para dar seguridad jurídica a estas contraconquistas de la explotación capitalista.

Es importante este aspecto porque todos los partidos de la burguesía, opositores y oficialistas, se pronunciaron a favor de una “modernización de las relaciones laborales”. CFK dijo en su carta de 33 carillas que “resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral”. En mismo sentido se pronunció Grabois, que se sumó al discurso de la “industria del juicio” en plena campaña electoral. Mientras la CGT repite a diario su disposición a negociar una reforma laboral. Como expresaron Héctor Daer y Andrés Rodríguez ante empresarios de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina (AmCham): “No tenemos ningún problema en consensuar una reforma laboral si es que nos convocan”.

El tema ya había sido puesto a debate en la campaña electoral muy a fondo por Luis Barrionuevo: “No se preocupen, la reforma laboral la hacemos nosotros, gremio por gremio”. Es que los convenios flexibles son la manera de llevar al trabajador en blanco a las condiciones del que está en negro, por eso los Espert y compañía hablan de la reforma laboral como fundamental para el blanqueo. Aunque la crisis y la voracidad capitalista hace todo un poco más complejo, porque el empresario que paga en negro factura en negro y esto trasciende la propia flexibilización. Tal vez por ese motivo el tramo laboral suspendido por la Justicia en el DNU inventó la figura del “colaborador” en empresas de hasta cinco trabajadores, la esclavitud siglo XXI.

Lejos de alguna expectativa en los legisladores patronales o en los burócratas de turno, la lucha de los trabajadores será decisiva. La independencia política de la clase obrera se pone a la orden del día.

La defensa de los convenios colectivos es parte integral de la lucha contra el plan de guerra que plantea el gobierno de Milei y los gobernadores e intendentes. Y es parte integral de la lucha por la recuperación de los sindicatos de manos de la burocracia sindical en favor de una nueva dirección clasista del movimiento obrero.

Llevemos este debate a todos los lugares de trabajo y exijamos un plan de lucha contra la reforma laboral anunciada. Se trata de una bandera vital en la lucha de conjunto contra el plan Milei.

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