Sindicales
11/8/2026
La destrucción del empleo también destruye la salud: se derrumba la cobertura de las obras sociales
Más de un millón de personas perdió cobertura de las obras sociales nacionales desde 2023.
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La destrucción del empleo registrado tiene una consecuencia directa en la salud de las familias trabajadoras, cuando miles de trabajadores y sus familias pierden también la cobertura medida. Las obras sociales nacionales perdieron 1.028.412 beneficiarios desde noviembre del 2023, un dato que expone el impacto sanitario de una política que avanza sobre el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores.
La caída se concentra precisamente en las actividades donde se destruyeron más puestos de trabajo con el ajuste y las políticas de Milei, con Osecac (obra social de Comercio) perdiendo el 20,2% de sus beneficiarios; Ospecon, el 25,4% (Construcción); OSPCN el 19,1% (estatales y privados); Osprera el 15,9% (trabajadores rurales) y Ospe el 5,1% (petroleros), según un artículo publicado en Ámbito.
En la construcción la cantidad de trabajadores registrados cayó un 13,8% hasta abril de este año, con 60.646 puestos menos. El empleo estatal perdió 73.052 trabajadores y el sector petrolero otros 8.282. Cada pérdida de empleo se convierte a su vez en una baja en la cobertura familiar en las obras sociales, y en un desfinanciamiento del sistema.
La única obra social de las principales que creció fue OSDEPYM, vinculada a los monotributistas, que aumentó un 154% sus afiliados, en un contexto donde el gobierno promueve la flexibilización y precarización laboral, imponiendo una transformación regresiva del mercado laboral.
El sistema solidario bajo ataque
Las obras sociales no son un beneficio otorgado por las empresas, como el gobierno y las patronales pretenden hacernos creer, sino que forman parte del sistema solidario de salud construido por los trabajadores. El aporte se realiza sobre el salario y permite financiar prestaciones para trabajadores y familias con necesidades sanitarias diferentes.
El gobierno, sin embargo, presenta estos aportes como parte del supuesto “costo laboral” que habría que reducir para favorecer a las empresas. Bajo esta lógica, un derecho conquistado por décadas de organización obrera aparece como un obstáculo para la rentabilidad patronal. La reforma laboral y las políticas de flexibilización apuntan precisamente a abaratar el trabajo, incluso a costa de desmontar mecanismos elementales de protección social.
Las obras sociales también sufren un proceso de vaciamiento y tercerización que las convirtió, en muchos casos, en simples gerenciadoras de prestaciones privadas. La burocracia sindical que administra buena parte de estas estructuras impulsó durante años el deterioro de las prestaciones, mientras sostuvo estructuras administrativas costosas y negocios alrededor de la salud de los trabajadores para enriquecerse.
A la pérdida de cobertura de las obras sociales se suma el aumento de las cuotas de las prepagas, con un salto desde la desregulación del gobierno nacional, con valores que aumentaron 460%, contra una inflación acumulada del 320%. La cobertura privada se vuelve así inaccesible para sectores cada vez más amplios, incluso para quienes todavía conservan ingresos relativamente estables.
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares muestran la dimensión del retroceso. Las personas sin prepaga, obra social ni mutual pasaron de 9,42 millones en el cuarto trimestre de 2023 a 10,67 millones en el primer trimestre de 2026: 1.246.285 personas más sin cobertura privada. La proporción pasó del 32% al 35,6% de la población relevada.
El golpe es particularmente fuerte entre los jóvenes, cuando el 49,9% de quienes tienen entre 15 y 29 años depende exclusivamente del sistema público, y son 438.790 más que en 2023 los jóvenes que quedaron en esa situación. Es el mayor incremento relativo entre los grupos etarios analizados, un dato que revela hasta qué punto la precarización laboral está condicionando el acceso a la salud de una generación.
La consecuencia es una presión creciente sobre hospitales y centros de salud públicos que ya trabajan con recursos insuficientes. El deterioro de la cobertura privada no viene acompañado por un fortalecimiento de la salud pública. El Estado recorta, los trabajadores pierden empleo y cobertura y el sistema público recibe una demanda cada vez mayor, algo que quedó en evidencia con el ataque del Estado contra los trabajadores del Garrahan, quienes luchan para evitar el vaciamientod el principal hospital pediátrico del país, que atiende a los hijos de las y los trabajadores.
La defensa de la salud de los trabajadores exige defender el empleo registrado y los aportes al sistema solidario terminando con el trabajo informal y la precarización laboral garantizada por el gobierno, y terminar con el vaciamiento de las obras sociales, recuperando el control de sus recursos por parte de los trabajadores. Al mismo tiempo, es necesario garantizar una salud pública gratuita y con presupuesto suficiente en función de las necesidades sociales.
