En las instalaciones del que fuera el más conocido centro de detención de la última dictadura militar, decenas de trabajadores precarizados realizan tareas de albañilería, limpieza y demolición bajo la dirección de arquitectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) de la Universidad de Buenos Aires.

La Fadu controla y dirige el trabajo, el horario, y recientemente repartió un reglamento de faltas, ausencias y permisos. Actúa de hecho como la patronal o como un capataz. El "salario" de los compañeros que desarrollan estas tareas lo paga el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, bajo el programa de cooperativas Argentina Trabaja (AT). Los trabajadores del programa no cobran ni aguinaldo ni vacaciones, y el aumento en el monto mensual del ingreso lo decide Alicia K por decreto (sólo dos veces desde 2009). El AT fue creado en 2009, junto a los Repro, un subsidio para las patronales.

El gobierno fijó como condición para acceder a un puesto de trabajo la constitución de cooperativas conformadas por desocupados. Por su lado, los intendentes aprovecharon la precarización de miles de trabajadores para reemplazar tareas municipales con trabajadores del AT. Lo mismo hizo Macri con el programa de chalecos amarillos. La forma de cooperativas que tiene el programa fue una imposición del Estado y no la decisión de un grupo de trabajadores.

Esta imposición revela que el objetivo era y es que el gobierno se desentienda de cualquier relación de dependencia y las obligaciones que implica: aguinaldo, vacaciones, régimen de licencias; es decir, un convenio. El Estado actúa aquí como violador serial de los derechos obreros y en este caso se lleva el primer premio de la precarización laboral. ¿La dirección de la Fadu no sabe esto? Los compañeros cooperativizados en la Esma cuentan que se está trabajando a todo trapo en el predio. Ya han demolido parte del ex Casino de Oficiales y otras dependencias donde se enseñoreaban los "ángeles de la muerte" durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos independientes denunciaron que la demolición y construcción en terrenos del campo de concentración pueden estar destruyendo pruebas, en momentos en que todavía se está sustanciando el juicio por los crímenes cometidos en ese lugar. Los compañeros del AT que denuncian esta situación son habitantes de los barrios más pobres de San Fernando. Las carencias de todo tipo son moneda corriente en su barrio.

Ellos podrían mejorar esas condiciones bajo convenio colectivo y no viajar más de una hora al ex centro de torturas de la Esma, para ser superexplotados con un AT.

Por el pase a convenio de los trabajadores del AT, por la preservación de los espacios de la memoria para su investigación judicial hasta que se castigue a los culpables, por la urbanización de los barrios del conurbano.