Saúl Ubaldini en persona debió ser llevado por el gobierno a la Asamblea, i General de Gas del Estado para levantar la huelga general, con movilización, i ocupación de plantas y piquetes, que venían sosteniendo los trabajadores contra la destrucción de la empresa estatal.

El secretario general de la CGT fue el ejecutor de un operativo político armado por el Ministerio de Trabajo y la burocracia de Califano. Estos ya habían acordado, previamente a la asamblea general, el levantamiento de la huelga, pero necesitaban del “cansina” de “Saúl querido” para hacérselo tragar a los trabajadores. Y allí fue Ubaldini hasta Almagro a hacer el trabajo sucio.

“Muchachos, sean sensatos porque les pueden aplicar la ley de seguridad nacional”, amenazó el “Tata” a los huelguistas, obviamente “sin difundir el acta que Tonelli le había dado en Trabajo, acordada por el gremio y las autoridades laborales para levantar el paro” (Clarín, 25/7). Tonelli y Alfonsín tenían en Ubaldini un “vocero” calificado ante la asamblea general, pero…

“Gas del Estado no se vende”

Aun así, el carismático Ubaldini fracasó por completo en su operativo carnero: al grito de “Gas del Estado no se vende”, la mayoría de los trabajadores votó seguir la lucha, contra la ilegalización ministerial y las amenazas.

La fase “democrática” de la conspiración contra la huelga se había hundido, por eso la burocracia acudió al patoteo. “El titular de la Federación, Rubén Califano —silbado y abucheado insistentemente— anuló la votación favorable a la prosecución del paro… y ante una nueva moción para levantar las medidas, Califano llamó a votar y declaró el triunfo de esta postura ‘por mayoría’, ante los reclamos de los trabajadores” (Página 12, 23/7).

De esta manera bochornosa, Ubaldini y Califano impusieron el levantamiento de la huelga. No fue la violencia del gobierno, no fue la declaración de ilegalidad ni las amenazas de despidos masivos o la de enviar a la Gendarmería lo que frenó, momentáneamente, la lucha de los trabajadores de Gas del Estado, sino la violencia ejercida por la propia burocracia contra los trabajadores.

Si Ubaldini hubiera sido un dirigente obrero y no un agente del régimen, habría concurrido a la asamblea a plantear el compromiso de la CGT de declarar la huelga general ante el primer despido o ante el primer gendarme que pusiera un pie en las plantas. Con la fuerza social de la clase obrera detrás de los huelguistas, el gobierno se habría visto obligado a mandar de vuelta, rápidamente, a la Gendarmería ante los cuarteles.

La lucha de Gas del Estado reprodujo, aceleradamente, las enseñanzas de ‘ la histórica huelga docente: el gobierno fondomonetarista carece de fuerza para derrotar a los trabajadores por sí mismo y debe recurrir al “trabajo sucio” de los Garcetti, ’los Califano y, sobre todo, de Ubaldini para frenar las luchas. La burocracia es el garante de la política de hambre y entrega del gobierno fondomonetarista.

“¿No hay fondos?”

Los trabajadores del Gas reclaman la derogación del decreto 385, que prohíbe la participación de la empresa estatal en la ampliación e instalación de nuevas redes de servicio domiciliario, una de las áreas más lucrativas del negocio gasífero. El decreto significa el estrangulamiento de Gas del Estado, con su secuela de racionalización y despidos, y un encarecimiento, del servicio a los usuarios, que ahora tendrán un intermediario entre la red troncal y sus domicilios.

Para justificar la entrega, los funcionarios aseguran que Gas del Estado “no tiene fondos”.

¿No hay fondos? Se obligó a Gas del Estado a hacerse cargo del gasoducto iniciado por el consorcio holandés Cogasco, al tiempo que el Estado se hacía cargo de la decida externa de este pulpo imperialista. Resultado, Gas perdió 2.000 millones de dólares. Se armó el negociado del gasoducto Neuba, entregando su ejecución a Techint y otros pulpos: 500 millones de dólares. Se subvenciona y refinancia las deudas impagas del consumo industrial: 100 millones de dólares al año.

La contracara de este robo organizado es el tarifazo y el corte de servicios a la población trabajadora cuando ésta ya no tiene cómo pagar las boletas del bimestre.

Una causa nacional

La privatización es una operación delictiva contra los usuarios de los servicios públicos y sus trabajadores.

La causa de los compañeros de Gas I del Estado es una causa nacional, I contra la entrega y los tarifazos; es la causa de los trabajadores de ENTel, YPF, Luz y Fuerza, de ELMA, de toda la población. Esta lucha tiene un objetivo: romper con el FMI, no pagar la i deuda externa, expropiar al gran capital proveedor y contratistas de las empresas públicas y colocarlas bajo control de los trabajadores.