Envuelto por el clima de euforia del empresariado con el gobierno, en el reciente Coloquio de IDEA se trazó la hoja de ruta de la reforma laboral. Capitalistas y burócratas edulcoraron sus alcances, presentándola como una transición no traumática a obtener por la vía del acuerdo con los sindicatos y la materialización de los acuerdos en los convenios colectivos. Bajo el lema “jamás pretenderíamos una reforma laboral a la brasileña” se pretende adormecer el espíritu de lucha de la clase obrera frente a un plan de guerra del capital contra el movimiento obrero y la juventud.

 

El Coloquio fue un acto de encubrimiento sobre una ofensiva que se está ejecutando. En nombre del gran esfuerzo para impulsar una reforma laboral a futuro, se ocultó el hecho de que Vaca Muerta (en toda la Patagonia), Smata, Atilra, entre otras, ya han impuesto convenios de flexibilidad y precarización con el acuerdo de la burocracia sindical. Es lo que, en un reportaje, blanqueó Cristiano Rattazzi (Fiat/Chrysler) al hablar en nombre de la patronal automotriz: “nosotros (hoy) estamos mucho más modernos en leyes laborales que Brasil” o Daniel Herrero (Toyota) que se ufanó de doblar la producción en la planta con un mismo plantel, firmando un acuerdo con el Smata que impuso nuevas condiciones en materia de ausentismo y “bajó a cero la conflictividad gremial” (Clarín y La Nación, 14/10).

 

Mano dura contra las ocupaciones y los piquetes

 

En la mesa central del Coloquio, uno de los momentos más celebrados por el auditorio fue el llamado de Paolo Rocca (Techint), con la aquiescencia cómplice de Antonio Caló (UOM) a “erradicar las organizaciones extorsivas” porque no se puede admitir “tener una planta tomada por diez personas armadas alrededor de un fogón impidiendo la entrada de otros”, una manera patronal y despectiva de aludir no solo a un piquete obrero sino al propio clasismo, que ha sido autor de la mayoría de las ocupaciones del último tiempo.

 

¿Cuál es la indicación que quiso dar Paolo Rocca al plantear “erradicar” estas organizaciones y estos métodos? ¿Acaso sugirió una nueva reglamentación del derecho de huelga, que proscriba los piquetes e ilegalice las huelgas que apelen a ellos? Uno de los principales expositores en IDEA y asesor estrella del gobierno en materia de reforma laboral es Julián De Diego, que plantea la necesidad de una norma que anule los piquetes, que serían “incompatibles con el derecho de huelga, igual que los bloqueos…” (El Cronista, 12/4) y extienda la nómina de servicios esenciales en los que la huelga estaría prohibida o vaciada hasta el extremo.

 

En todo caso, se quiera modificar o no el derecho de huelga, el reclamo de las patronales es una política de mano dura frente a las ocupaciones y los piquetes. ¿Pero el gobierno cuenta con los recursos para imponer esta política? En el lejano sur la Gendarmería fue instruida para barrer un piquete y lo hizo al costo de un asesinato y un ocultamiento que ha convertido a Santiago Maldonado en bandera nacional.

 

Lo que cambia respecto a Brasil

 

El latiguillo de que “aquí no se hará lo de Brasil” tiene una pizca de verdad que encubre lo esencial. Lo que la burguesía nativa y “su” gobierno pretenden no difiere sustancialmente de lo que logró hacer aprobar en el Congreso la burguesía brasileña. Lo que sí varía es el método: pretenden hacerla pasar con la colaboración de la burocracia sindical, habida cuenta de su peso y su disposición. En la “mesa de los CEO”, Triaca “los convenció de que Brasil no tiene el poderoso sistema sindical de la Argentina. Y que por acá conviene usarlo como palanca para reformarlo, pero no derrumbarlo” (Clarín Económico, 15/10).

 

Finalmente, la burocracia es la responsable de haber posibilitado, apoyándose en disposiciones de la Ley de Empleo y de la Ley de Contrato de Trabajo, un enorme avance de la flexibilidad y la precarización laboral antes, durante y después de la “década ganada”. La jornada laboral de ocho horas está casi destruida, el fraccionamiento de las vacaciones es una realidad creciente, los lugares de trabajo con delegados son un tercio del conjunto de trabajadores en blanco. El Estado – nación, provincias y municipios – es el centro de la precarización laboral, con trabajadores contratados – incluyendo los de Argentina Trabaja – y salarios que no llegan al mínimo. A su turno, la reforma constitucional de 1994 liquidó la inspección nacional de trabajo, en nombre de la federalización, dejando el control en manos de los debilísimos estados provinciales, mucho más sujetos a las presiones patronales.

 

Estos enormes avances son sin embargo cosméticos en relación a lo que se pretende, que es imponer un régimen de esclavitud peor a todo lo vivido por la clase obrera en materia de explotación, por el grado de flexibilidad laboral y la sofisticación en la coerción laboral. Un régimen de esclavitud que pretende resolver, a través de un reforzamiento inédito de la tasa de explotación, la supervivencia de la burguesía nativa en el escenario de la crisis mundial capitalista.

 

Los interrogantes

 

La magnitud del ataque plantea un enfrentamiento con la clase obrera. A través del reforzamiento de la integración de la burocracia sindical al Estado, el gobierno piensa hacer pasar la tercerización sin límites, la rebaja de las indemnizaciones por despido, el contrato por día y aún el convenio individual. Sin embargo, esto supone un vuelco total en las relaciones entre las clases que no se resuelve con la discusión “gradual y punto por punto” de los convenios colectivos. Requiere de un cambio en profundidad en la legislación, en la jurisprudencia laboral (algo en lo que la Corte Suprema ha tomado la delantera, emitiendo una seguidilla de fallos en contra de las conquistas y a favor de la dictadura sindical) y lo más importante, en el dominio de los lugares de trabajo.

 

Por otra parte, el corazón del intento de las patronales y el gobierno es imponer el convenio por empresa (consagrado en gremios como el Smata) lo que significaría la virtual extinción del convenio por rama de producción – disimulado a través de un “convenio marco” anodino. Esto, sin embargo, plantea una férrea centralización en manos de la burocracia que anule la injerencia de las comisiones internas, seccionales o sindicatos independientes, combativos o clasistas. Es decir preservar “la familia sindical, vacunada contra el demonio de la atomización que fragmentaría los focos de discusión. Una ventana al trotskismo, dirían en la CGT” (Clarín Económico, 15/9).

 

Plantea por lo tanto, un enfrentamiento con la corriente de recuperación de las organizaciones obreras de manos de la burocracia.

 

“Colectiva o sector por sector”

 

Paolo Rocca se ocupó en precisar que la reforma laboral debía implantarse “colectivamente o sector por sector”, dejando abiertas todas las vías. Habilitar la negociación de convenios por empresa y hasta contratos individuales, que puedan rebajar las condiciones de trabajo o salariales exige modificaciones en la ley o un golpe de estado de la justicia (“Un convenio colectivo posterior solo puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito en la medida en que no perjudique los mejores derechos adquiridos de los trabajadores” Cámara Nacional del Trabajo, Sala VI, 2013). Lograr esta coexistencia entre convenios de distinto ámbito y con negociación libre hacia la baja “´va a ser lo más difícil de todo´, admite Triaca cuando se le pregunta por la dimensión de la pelea” (Clarín Económico, ídem anterior).

 

El gobierno tiene pensado, frente a las dificultades en el horizonte, un plan de extorsión mayor: “Macri mandó un mensaje inquietante (a la burocracia sindical): si una porción abrumadora de las inversiones que vengan a la región se encamina a Brasil, por la fuerte reducción del costo laboral, acá no habrá más remedio que sentarse y volver a hablar…el que avisa no es traidor” (15.10.17). El torniquete de la extorsión de la burocracia serán los fondos de las obras sociales, que el gobierno, precautoriamente, colocó en manos fieles.

 

Pasantías

 

La reforma laboral podría comenzar por la reforma del sistema de pasantías, una adaptación de la educación al servicio de las necesidades de un mercado laboral caracterizado por la descalificación y la precarización. El quinto año querrá ser convertido en un reducto de las grandes empresas y los estudiantes en mano de obra barata o gratuita – por lo que toda la estructura de la escuela secundaria sufrirá un golpe demoledor. El ingreso de los chicos a la disciplina patronal no es solo consecuencia de la búsqueda de abaratamiento del “costo laboral”. Es también una manera de regimentar socialmente a la juventud.

 

Fuera la reforma laboral y antisindical.