La Justicia cordobesa imputó a Armando Cavalieri y a otros directivos de la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), por una maniobra mediante la cual habrían defraudado a sus afiliados por una cifra que supera los $53 millones aunque, según el fiscal de la causa, todavía queda por analizar el destino de muchos cheques de destino incierto, lo que podría hacer crecer esa suma. 

La mecánica consistía en la realización de pagos a supuestos prestadores (algunos inexistentes) por servicios de salud que nunca fueron brindados.

Esta imputación se da en el marco de la firma de un convenio miserable por parte de la burocracia mercantil que incluye –por 10° año consecutivo- un descuento compulsivo extra a todos los trabajadores del gremio de $100 mensuales -es decir unos ¡$1440 millones al año!- que supuestamente irían a cubrir prestaciones y gastos de la obra social. La causa muestra que esta enorme cifra anual es una masa de dinero puesta a disposición de la corrupta burocracia mercantil para que pueda desviar fondos hacia sus propios negocios y bolsillos. 

La causa surgió como una derivación de la que investiga la quiebra fraudulenta de la financiera Cordubensis (CBI) en 2014, que incluyó el “suicidio” de su entonces vicepresidente, Jorge Suau (hasta ahora la Justicia no se pronunció sobre si fue un suicidio o un asesinato) y que involucra a políticos, empresarios, miembros del clero y sindicalistas, como es el caso de Cavalieri y el resto de la directiva de Osecac, todos los cuales eran activos clientes de la mesa.

Los cheques que supuestamente se libraban para pagar las prestaciones y gastos, aparecieron en CBI –que, más que financiera, era una gran mesa de dinero- la que, al decretarse su quiebra en febrero de 2014, dejó al descubierto que esos cheques no habían sido depositados en cuentas corrientes de ningún prestador.

La imputación, realizada por el fiscal Enrique Senestrari y el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, surgió luego del allanamiento realizado por orden de este último  el pasado miércoles en la sede central de Osecac, para determinar la relación de Cavalieri y de los otros miembros de la comisión directiva con cheques destinados al pago de prestaciones supuestamente irregulares en la provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

De acuerdo con la investigación, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, contador del empresario local Euclides Bugliotti a través de la mesa de dinero de CBI y los cheques depositados en cuentas fantasmas de firmas como Halabo y Jotemi en la sucursal Córdoba del Banco Nación.

La causa se reflotó luego de haberse mantenido varios años cajoneada, ya que la investigación sobre la burocracia de Cavalieri y la existencia de esos pagos truchos venía desde el inicio de la causa. Y resurgió pocos días después de la firma, por parte de la directiva de Comercio, de un infame acuerdo salarial paritario para el 2018 que contempla un 10% de aumento en abril y otro 5% no acumulativo en agosto, es decir colocado totalmente en línea con las pretensiones del gobierno de Macri. 

Más allá de los entretelones que se muevan alrededor de la causa, la misma muestra descarnadamente el nivel de corrupción de la burocracia sindical, que actúa como una capa ajena a la clase obrera y al servicio de la burguesía, que tiene entre sus contraprestaciones, estos robos directos a los trabajadores.

Está planteada como una tarea primordial del activismo y el conjunto de la clase obrera sacarse de encima esta losa que bloquea la lucha contra el ajuste y el camino hacia una salida política de los trabajadores.