Mientras la crisis sanitaria atraviesa a la comunidad educativa de la Ciudad, el ajuste por inflación que realizan los gobiernos profundiza la destrucción del salario docente. Mientras que la burocracia celeste “cacarea” exigiendo reapertura, sin convocar a la docencia para organizar la lucha, su capitulación en la paritaria tiene repercusiones sobre el aguinaldo y produce una pérdida sin parangón del poder adquisitivo docente.

La paritaria que cerró el gobierno

En marzo el gobierno cerró la paritaria en un 34% en cuatro cuotas. Ademys fue el único de los 17 sindicatos que rechazó la propuesta activamente con un plan de lucha que abarcaba los puntos más generales, y, en particular, la denuncia de la presencialidad sin condiciones. La burocracia sindical rechazó la paritaria con su retórica antilarretista pero en los hechos convalidó el cierre a la baja dado que nunca se dispuso a organizar el rechazo docente. Esto se explica por su integración al gobierno nacional y el compromiso de mantener la paz social en un contexto en el que los Fernández y Larreta comparten la orientación de ajuste del salario y la voluntad de pago de la deuda usuraria.

La primera cuota fue del 12,8% en marzo. En julio se sumará un 8,8%, a cobrar en agosto, y luego un 10,4% en octubre que se cobrará en noviembre. En septiembre, además, habrá una actualización del 2% del fondo nacional de incentivo docente (FONID) por parte del gobierno nacional. Así se alcanzará el 34% sobre la base del salario inicial de febrero.

La inflación y el costo de vida

La ficticia pauta inflacionaria establecida por el gobierno de un 29% en el presupuesto nacional no tuvo otro objetivo más que imponer un techo paritario. Los datos publicados por el Indec calculan la inflación de mayo en un 3,3%. De esta manera, el acumulado en lo que va del año trepó al 21,5%, un 75% de lo que la proyección oficial había establecido para todo el año. Si se anualiza la tendencia actual, la inflación alcanzaría el 47,6% en 2021.

Conocidos los datos de mayo, el Indec actualizó los valores de la Canasta Básica Total (línea de pobreza) a $64.445 y la Canasta Básica Alimentaria (línea de indigencia) en $27.423.

Por su parte, la Dirección General de Estadística y Censos (DGEyC), el par porteño del Indec, publicó datos provisorios de mayo que ubican la CBT (línea de pobreza) en $63.289, la CBA (línea de indigencia) en $33.617 y la Canasta Total (sectores frágiles) en $77.596.

Para la docencia salarios de pobreza

Así, la inflación acumulada es del 21,5% mientras que el salario docente aumentó solo un 12,8% en lo que va del año, es decir, un 8,7% menos. La cuota de julio, a pagar en agosto, recortará esa brecha, pero aún así quedará por debajo de la inflación acumulada cuando se sumen los índices de junio y julio. El salario docente corre por detrás del índice de precios.

El salario inicial para un docente con jornada simple está desde marzo estancado en $40.887, mientras que la jornada completa es de $81.744. La hora cátedra se ubica en los $2.139,35.

Ya en marzo el salario inicial para una jornada simple, el equivalente a unas 20 horas cátedra, se encontraba por debajo de la línea de pobreza. Situación que se agravó en los meses que siguieron. Aún cuando se ha naturalizado la situación actual de la docencia, que debe conseguir dos o tres cargos para afrontar las necesidades básicas, esto debe ser denunciado.

Esto supone considerar que la jornada laboral del cargo es de 4 horas. Una falacia que no atiende el enorme trabajo que los docentes realizamos por fuera de la escuela: la planificación y preparación de clases y materiales, la corrección, la formación docente, entre otras tareas. Pero, además, durante la pandemia se ha agravado esta situación. Primeramente durante la modalidad virtual y ahora en la mixta se ha extendido e intensificando la jornada laboral de los trabajadores de la educación.

La docencia con cargo de jornada completa no alcanza a la pauta salarial que establecen las estadísticas para pertenecer a la “clase media” definida por DGEyC como hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la Canasta Total. En mayo, este índice alcanzó los $96.995 mientras que la jornada completa hasta los 14 años de antigüedad está en $81.774. Por lo que un docente que pretenda tener el nivel de ingreso de los sectores medios debe trabajar tres cargos, con el agravante que a partir de la hora 38 el valor se va depreciando. De esta manera, el ajuste impone a la docencia una jornada laboral de tres turnos a destajo. El golpe es brutal: de marzo a mayo el salario inicial de la jornada simple perdió un 11% contra la Canasta Básica Total (línea de pobreza).

 

 

En su momento denunciamos que el blanqueo que anunció el gobierno era un verso para seguir achatando la escala salarial. Con el cobro del aguinaldo, el bolsillo docente fue golpeado con un coletazo de la maniobra que acordaron el gobierno y la burocracia. Comúnmente se calcula el aguinaldo como la mitad del mejor salario del semestre de la cuota correspondiente. Esto, si bien puede servir indicativamente para otros gremios, funciona cada vez menos en el caso docente.

El salario docente está conformado por distintos ítems de distintas características: remunerativos o no remunerativos (según lo sean o no cuentan para aguinaldo y aportes a obra social, aportes jubilatorios y aportes sindicales), bonificables o no bonificables (se les aplica o no antigüedad según el caso).

Un porcentaje importante del aumento otorgado se plasmó en cifras no remunerativas. El ítem adicional especial, que implicó el mayor porcentaje de aumento, pasó a ser no remunerativo. Además, el material didáctico -otro de los ítems que gravitaron en el aumento- es no remunerativo hasta los 12 años de antigüedad. Para el cálculo del aguinaldo o S.A.C (sueldo anual complementario) se tiene en cuenta la sumatoria de todas las sumas remunerativas (Sueldo básico, Suma Decreto 438, Adicional Salarial más conocido como presentismo) y complemento mínimo garantizado (C.M.G.)[1] que, aunque no es remunerativo, se considera en el cálculo.

El problema de esta conformación del salario con una proporción creciente de sumas no remunerativas tuvo consecuencias inmediatas en el cobro del aguinaldo que distó de ser comparable a la mitad del sueldo de bolsillo. Ni hablar que esto implica jubilaciones de miseria porque las mismas se calculan sobre el básico (largamente entregado por la celeste de UTE y de Ctera), contribuyendo al desfinanciamiento de las cajas a las que solo aportan las sumas remunerativas.

La burocracia convalidó este ajuste

Desde la primera convocatoria del gobierno, Ademys llevó el mandato de la asamblea abierta: una actualización del 50% para toda la escala que llevaría el inicial a $55.000 pesos en la senda de la recomposición salarial. Es por esto que rechazamos la propuesta de Acuña de salarios de pobreza.

Por su parte, la conducción de UTE-Ctera fragmentó la deliberación de la docencia en un sinfín de reuniones informativas en las que no resolvió ninguna medida de lucha por las condiciones de apertura. Un accionar que en los hechos convalidó el ajuste a la educación y el salario de Larreta.

El acuerdo de Ctera en la mesa nacional siguió el mismo método. Sin mandato alguno se aceptó una paritaria a la baja con un ridículo plus de conectividad de $500. En las jurisdicciones en las que se desarrolló un proceso de lucha en la docencia, la burocracia celeste le dio la espalda a esos conflictos. UTE aceptó sin más la miseria que la Ctera firmó en la paritaria nacional con Trotta, aún cuando para la docencia porteña eso implicará un aumento del 2% a cobrar recién en septiembre. Una vergüenza.

La burocracia sindical está alineada con gobiernos que llevan adelante un plan de ajuste sobre los trabajadores para garantizar los compromisos asumidos con el FMI y los organismos de crédito internacional.

La necesidad de luchar por la reapertura paritaria

En un momento en que la lucha por las condiciones sanitarias ha entrado en un impasse producto del agotamiento de la docencia frente a la entrega de la burocracia, del golpe al bolsillo de los descuentos y la expectativa que generó la primera vacunación de la mayoría del personal docente con la primera dosis, la presión sobre el salario que genera la inflación es un ángulo que debe permitir reabrir la deliberación entre la docencia y el reagrupamiento del activismo.

El fracaso de la pauta inflacionaria oficial del 29% arrastra consigo a la burocracia sindical que hizo pasar una paritaria de entrega. La pelea por el salario y la reapertura es una pelea de alcance nacional. Es preciso que la docencia de la Ciudad dé continuidad al plan de lucha sobre la base de las reivindicaciones salariales.

Debemos combinar la campaña por el salario, con la agitación contra la presencialidad sin condiciones de Larreta, Acuña y Trotta que a partir de la ola de frío ha vuelto a ser objeto de discusión, la lucha contra la destrucción de la formación docente con el nuevo ataque de Acuña a los profesorados y la agitación de nuestra campaña por un Congreso del FIT-U y por listas únicas que permita la intervención de los trabajadores frente a la crisis bajo el método de frente único en el proceso electoral y en una movilización política de las masas bajo un programa socialista.

[1] El C.M.G. se paga proporcionalmente en los casos en que el salario no alcanza el cargo inicial que equivale a unas 20 horas cátedra.