El pasado miércoles 5 se dio a conocer la noticia de un fallo judicial que da lugar al reclamo de reincorporación de Nadia Soledad Yvern, trabajadora de casas particulares despedida durante la cuarentena.

El estudio Abogades en Cooperativa representó a Nadia ya que su despido violaba el decreto 329/20 de prohibición de despidos hasta el 30 de septiembre de 2020. El fallo judicial es relevante no sólo por este caso particular, sino porque sienta un precedente para el reclamo de miles de trabajadoras del rubro desvinculadas desde que empezó la cuarentena.

Además, la decisión del juez del Tribunal Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones establece como novedad el encuadramiento del reclamo no en el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, sino en el fuero de la justicia laboral ordinaria, donde se resuelven los procesos del conjunto de los trabajadores que realizan demandas por la vía judicial.

El despido de Nadia no es un caso aislado, según el Ministerio de Trabajo entre enero y abril del 2020 se registró una caída de 20.700 puestos de trabajos registrados en el rubro de trabajadoras de casas particulares. Un dato que no contempla los despidos que se produjeron entre las empleadas no registradas o “informales”, que representan el 70% del total de las trabajadoras.

Con la pandemia, crecieron exponencialmente las denuncias por atropellos patronales. Mientras algunas trabajadoras fueron obligadas a realizar las tareas en cuarentena, sin ningún tipo de protocolo, exponiéndose a contagios y aumentando el ritmo de trabajo; otras dejaron de recibir su salario o cobran una parte menor de sus ingresos normales, viéndose imposibilitadas de sostener a sus familias (siendo jefas de hogar el 44%) atravesadas en la mayoría de los casos por el hambre y la crisis en curso.

Ante esto no se han desarrollado medidas, por fuera del asistencialismo, que apunten a mejorar los ingresos de las trabajadoras, a proteger el empleo, ni tampoco vinculadas a frenar el avasallamiento patronal ni a atender diversas problemáticas de género que padecen gran parte de estas mujeres. La única política para el sector ha sido el acceso al IFE, con un monto mísero de 10 mil pesos.

Queda claro que, en medio de la crisis económica y social que empuja a miles de trabajadores a la pobreza y la desocupación, la prioridad del gobierno de los Fernández no es el pueblo trabajador sino proteger los intereses de los acreedores, sellando un acuerdo que implica el desembolso de millones de dólares.

Un plenario nacional para organizar a las empleadas domésticas

Luego de cinco meses de cuarentena, en muchas compañeras prima la necesidad de tener el ingreso que hoy no se les garantiza. La vuelta al trabajo en las condiciones actuales representa un riesgo enorme para las trabajadoras. El protocolo establecido impone que los elementos de seguridad e higiene sean garantizados por las trabajadoras, eximiendo de gastos y obligaciones a los empleadores.

Este fallo debe impulsarnos a luchar contra las arbitrariedades de las patronales y del Estado, que tienen a las trabajadoras como variable de ajuste en este contexto. Desde la Agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha nos estamos preparando para un plenario nacional para defender el salario y los puestos de trabajo. Las trabajadoras de casas particulares no podemos esperar más. Basta de precarización laboral y trabajo no registrado en el empleo doméstico; subsidio de 30 mil para todas las desocupadas; pago inmediato del IFE y duplicación ya del salario de la trabajadora de casas particulares.

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