En medio del conflicto docente más extendido de los últimos años, 18 provincias aún en conflicto y sin cerrar acuerdos salariales, el gobierno nacional ratificó en la última reunión del Consejo Federal de Educación liquidar lo último que quedaba de “responsabilidad” económica del gobierno nacional en el sostenimiento de la educación pública.

 

El gobierno decidió no convocar a reunión paritaria nacional a principios de año, valiéndose de la negociación que mantuvo con los cinco sindicatos con representación nacional en 2016, en la que se firmó una actualización del salario mínimo del 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Con la aplicación de esa cláusula, el mínimo nacional docente quedó en $9.672 -casi $4.000 por debajo del índice de pobreza del país.  

 

 Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional destina $1.743 millones a un Fondo Compensador para que seis provincias  puedan cubrir ese mínimo salarial docente. Este año, el macrismo recortó el presupuesto de dicho fondo en un 25% y anunció que lo reducirá anualmente en ese porcentaje para eliminar ese financiamiento de forma definitiva en 2020. Los gobiernos de San Juan, Misiones, La Rioja, Jujuy, Formosa y Corrientes han salido a plantear que necesitan que se sostenga el envío de esos fondos porque sino no podrán asumir la actualización del 20%, de por sí insuficiente.

 

En esta orientación de recorte presupuestario no queda en claro qué pasará con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) con el cual se financia la suma fija de $1.200 que perciben todos los docentes del país. El Gobierno dice que lo definirá tras la suba del salario mínimo, vital y móvil que se suele negociar a mitad de año (LPO, 22/3). 

 

 

La paritaria nacional en el centro del ajuste

 

Desde el decreto de Néstor Kirchner en  2007 el espacio de la paritaria fijó su alcance: retribución mínima de los trabajadores, materias de índole económica, laboral, asistencial, previsional, y, en general, las que afecten las condiciones de trabajo. 

 

La mesa paritaria nacional no fijó sin embargo un salario básico nacional único, sino un piso de referencia, que derivó  en una enorme dispersión salarial, que se manifestó a lo largo de los años del gobierno kirchnerista en numerosas luchas docentes en diferentes provincias. Políticamente, esta instancia catapultó a la Ctera en calidad de sindicato oficialista y la colocó como colaboradora de los gobiernos en la aplicación de un cuadro salarial a la baja.

 

En los años 2012 y 2013 el gobierno nacional cerró las paritarias por decreto, al igual que  Scioli en la Provincia de Buenos Aires en 2013, dando cuenta de los límites de este mecanismo también desde el punto de vista de la real incidencia de los trabajadores de la educación en la mesa paritaria.   

 

El gobierno de Macri y Bullrich avanza en esta línea unilateral y se propone  directamente eliminar la paritaria no convocando a las partes. La  eliminación del Fondo Compensador viene a consumar también  un largo proceso de provincialización-municipalización del sistema educativo argentino iniciado a fines de la década del ´50. 

 

 

Reapertura de la paritaria y salario equivalente a la canasta familiar

 

La paritaria debería ser una instancia de organización de toda la lucha docente nacional, en la que se ponga de manifiesto todos los problemas de la educación y de la comunidad educativa, algo que Ctera evitó desenvolver por todos los caminos. 

 

Por eso, la docencia combativa reclama su convocatoria con otro alcance: salario básico único nacional de $15.000,  reconocimiento de las bonificaciones por región y antigüedad, elección de paritarios en asamblea con mandato.

 

De fondo, está planteada la pelea por  la renacionalización del sistema educativo en responsabilidades, estructura, presupuesto, unificación de contenidos, derechos laborales y  salario básico, entre otras cuestiones. Para ello es necesario superar las raíces capitalistas de la degradación educativa: la mercantilización,  el vaciamiento del financiamiento de la educación pública y el interés capitalista en degradar la fuerza de trabajo. 

 

En definitiva, la salida pasa por una reorganización integral del sistema educativo, junto a la reorganización de la economía sobre nuevas bases sociales, que solo pueden llevar adelante los trabajadores.