Las y los trabajadores sociales (TS) y asistentes sociales (AS) de las distintas dependencias de la provincia del Chaco padecen desde hace años una situación de precarización y pésimas condiciones laborales.

El principal empleador de las y los TS/AS es el Estado, aunque ello es presentado como si ejercieran su profesión de forma independiente para habilitar distintas formas de fraude laboral. Es decir que los profesionales que deben velar por los derechos de los sectores más vulnerables sufren la política del propio Estado que viola sus derechos laborales.

Las/os estudiantes y egresadas/os de la carrera de TS trabajan un promedio de entre 10 y 15 años contratadas/os o becadas/os en la espera de un pase a planta. A su vez, por la Ley Nacional 27.072, es obligatorio licenciarse para ejercer en otras provincias, algo muy dificultoso con los salarios de miseria cada vez más golpeados por el aumento del costo de vida.

Esta situación de precarización es más grave aun teniendo en cuenta las constantes situaciones de violencia y de alto riesgo de salud o estrés a las que están expuestas/os, sin contar con ningún tipo de protección por parte del empleador. Se suma a ello las malas condiciones de infraestructura de las instituciones en que trabajan. En resumen, las/os profesionales ponen en riesgo su propia vida, como evidenció el caso de la colega Laura Iglesias, asesinada en la provincia de Buenos Aires.

Karina Ojeda, presidenta del Colegio de Servicio Social del Chaco, denunció en una  conferencia de prensa, realizada el 20 de noviembre en la sede de la Secretaría de DDHH, que “el 80% de las y los  profesionales que trabajan en el Estado provincial, nacional o en los distintos municipios, están en una situación de precarización laboral. (…) nos parece que es una aberración y falta de respeto hacia nuestra profesión, que no seamos reconocidas/os dentro como empleada/os, cuando trabajamos en distintos ministerios y organismos de los Estados nacional, provincial o municipal”.

Ojeda también destacó el apoyo a la lucha de las y los trabajadores de Cultura de la provincia, que lograron la regularización de compañeras/os de 10 y 20 años de antigüedad, y conquistaron un aumento salarial para el personal precarizado.

Para poner fin a esta a situación de vulneración de los derechos laborales de los profesionales es necesaria una organización independiente, en los tres niveles del Estado, contra el ajuste que se traen bajo el brazo el gobernador Capitanich y Alberto Fernández para garantizar el pago de la deuda. Por un plan de lucha para conquistar el pase a planta, paritarias libres para los trabajadores estatales, el 82% móvil para las jubilaciones y el control por parte de los TS/AS del presupuesto destinado a la asistencia social, con representantes electos y revocables de los trabajadores y los vecinos de los barrios.