Desde octubre del año pasado se viene desenvolviendo un conflicto entre la Asociación Bancaria, seccional Tucumán, y el gobierno de Alperovich, quien con el argumento de poder utilizar los 172 millones de pesos de garantía del Departamento Seguros de la Caja Popular ante la Superintendencia de Seguros, los canjeó por títulos provinciales, justificando esta operación en la rentabilidad de los títulos y que el efectivo le servía a la provincia para poder garantizar el pago de sueldos y aguinaldo de fin de año. La Asociación Bancaria inició una campaña de denuncias de vaciamiento de la Caja.

El gobierno respondió nombrando un nuevo interventor, Armando "Cacho" Cortalezi, reconocido "proxeneta", mano derecha de Alperovich en la Legislatura, y uno de los funcionario que más se ha enriquecido bajo esta gestión. Cortelezzi desató una escalada de provocaciones contra La Bancaria, de aprietes y persecución a los trabajadores, combinando el accionar de un ejército de patovikas, policías y punteros, hasta la acción del propio D2 (servicios de inteligencia), todos unidos para impedir cualquier acción sindical en la Caja.

Últimamente se han producido traslados y veinte cesantías, acompañado de nombramientos de parientes de los funcionarios. La Bancaria, desde un primer momento, realizó movilizaciones fuera de la Caja y un paro, luego entraron en conciliación obligatoria ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, instancia que no fue acatada por la patronal.

La intervención negrera de la Caja, para cubrir sus fechoría y ataque a los trabajadores, convocó a viejos ex luchadores y hasta contrató como asesor a algunos abogados, incluso el más conocido integrante de la Fundación que preside Susana Trimarco. El jueves 7 de marzo, la escalada antisindical del gobierno pretendió extenderla sobre el ex banco provincia, actual Banco del Tucumán (de Jorge Brito), con despido o rotaciones. Hubo un paro masivo que obligó al propio Jorge Brito a intervenir y ordenar dar marcha atrás con las medidas.

El conflicto de la Caja envuelve varias cuestiones, desde la intención de disponer de una Caja para tapar los agujeros fiscales que enfrenta el gobierno, hasta de sacarla de la administraciones del juego de azar, y abrir paso a los negocios que hoy monopolizan el clan Ale, pero donde Cristóbal López desde hace rato pretende ingresar. Por eso, la lucha por la reincorporación de todos los despedidos, cese de los traslados y el pase a planta permanente de todos los contratados dentro de la Caja, y echar a la intervención mafiosa y negrera son banderas claves de una lucha en defensa de la Caja.