Hace casi un mes, los trabajadores de nueve cooperativas autogestionadas de reciclado hicieron un bloqueo a la planta de la Ceamse. La medida dejó sin recolección a 24 partidos del Amba -región metropolitana de Buenos Aires- durante varios días. La patronal de la basura ofreció el pago de 230 pesos por tonelada recuperada y se inició un proceso de negociación.
Los municipios gastan gran parte de su presupuesto en transporte y en enterramiento de la basura. Por lo tanto, si se entierran menos residuos se produce un ahorro. No obstante, los recicladores, que evitan que se entierre un volumen cercano al 10%, no son remunerados.
Las cooperativas o "plantas sociales" localizadas en el predio del Ceamse llamado "reciparque" surgieron a partir de 2004. Hasta ese momento, el ingreso de los cartoneros al relleno era considerado ilegal. Después de numerosas persecuciones policiales, represión e incluso muertos, se conquistó el derecho a la separación y a la venta los residuos recuperados. Esta actividad informal fue creciendo y, transcurridos ocho años de esos incidentes terribles, ahora funcionan nueve cooperativas que nuclean unos 800 trabajadores. Con unas pocas máquinas realizan la selección, el prensado y el enfardado de plásticos, de cartones y de metales. Generalmente carecen de elementos de protección y ni siquiera se les garantiza la vacunación antitetánica. La Ceamse solamente les proporciona un tinglado, la materia prima y técnicamente los mantiene en condiciones casi artesanales de selección manual, mientras firma convenios con empresas privadas, asegurando millonarias ganancias e incorporando tecnología que le niega a las plantas sociales.
Casi todos los residuos del Amba van a parar al predio de José León Suárez. Actualmente, la disposición se produce cruzando el Río Reconquista en terrenos nacionales de Campo de Mayo.
Los trabajadores "cooperativizan" las ventas de los materiales reciclados, recibiendo aproximadamente 1.300 pesos por mes, a lo que algunos de ellos agregan un plan Argentina Trabaja.
Producto de la lucha de estos días, que tuvo su pico máximo en el bloqueo del ingreso de camiones, los recuperadores lograron que se les pague 230 pesos por tonelada y un piso de 50.000 toneladas por planta, lo que representa un aumento de 700 a 800 pesos como mínimo para cada trabajador.
Concientes de las limitaciones de este número, se plantearon una tregua de 90 días para volver a negociar los términos del convenio, varios temas paritarios -guarderías, ART, baños y ropa de trabajo, entre otros- e intervenir en el control de pesaje y reparto de los camiones.
Al moyanista sindicato de trabajadores del Ceamse, legislador provincial, que anda en un Audi último modelo, no se le vio el pelo, para pelear el pase a planta de los trabajadores.
