Existen 94 luchadores presos. Pepe Barraza, Raineri y Gil en Salta; Pepino Fernández, Piquete Ruiz y otros once compañeros con órdenes de captura “presos” en la Plaza del Aguante de General Mosconi; diecisiete presos en Pocitos, también en el Norte de Salta; cincuenta y siete militantes del MTR presos en Magdalena, entre ellos su dirigente Roberto Martino. La cuenta se completa con Raúl Castells, Emilio Alí y otros dos compañeros del MTR presos en Mar del Plata.

En el inicio del plan de lucha piquetero los detenidos no pasaban de veinte, lo que desnuda en cifras la escalada represiva lanzada en común por el gobierno de la Alianza y los gobernadores justicialistas, escalada que ha tomado la forma de un virtual golpe de Estado en cuanto a los métodos y los argumentos “jurídicos” para justificar las detenciones. Los presos y perseguidos de Salta están acusados de “sedición” y de ser “organizadores de asociación ilícita”, siendo que son los dirigentes más reconocidos de puebladas que movilizaron en masa a los pueblos del Norte; los compañeros del MTR están imputados por “coacción agravada”, siendo que fueron víctimas de una “cama” organizada por el gobierno de Ruckauf, que anunció un acuerdo con los piqueteros para luego ordenar la represión sobre ellos. Este crescendo de violaciones a las garantías más elementales del “Estado de Derecho” tuvo su expresión mayor en la represión al Hospital Posadas: allí directamente “no hubo orden judicial para reprimir” (Clarín, 14/8) y la guardia de infantería de la Policía Federal actuó por mano propia, bajo órdenes de Mathov y Mestre.

La represión a los piqueteros es una voz de orden común no sólo de De la Rúa, Cavallo y Ruckauf, sino del arco político patronal que lo critica y hasta amenaza con reemplazarlo. Este va desde Alfonsín –que saluda los cortes en tanto sean pacíficos y no coarten la circulación pública, es decir que no existan, hasta “Lilita” Carrió, que distingue entre ” luchadores sociales” y piqueteros, pasando por el Episcopado, que acaba de advertir a los trabajadores de “todos los sectores” que “el principio del bien común, respetado, hace que sean justos sus reclamos, incluso el recurso a la huelga, pero fuera del cual éstos se convierten en injusta agresión contra el todo social, y pueden dificultar grandemente la reconstrucción de la Argentina” (documento de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina, Clarín Internet, 10/8). Una variante sutil de esta política pretende distinguir entre piqueteros confiables y violentos, y crear una base de división entre las organizaciones que protagonizan el movimiento de lucha.

La mesa de coordinación nacional de la Asamblea Nacional Piquetera (FTV, CCC, PO, junto a otras organizaciones) ha resuelto organizar un Acto Festival por la libertad de los presos en el mejor escenario posible para el viernes 24 de agosto, con la participación de un conjunto de artistas populares. Este mismo objetivo debe tratar de materializarse en cada una de las provincias. El objetivo es político y financiero: convertir la lucha por la libertad de los piqueteros presos en una causa nacional y ayudar al sostenimiento material y jurídico de cada uno de los compañeros presos. Vamos, para arrancar la libertad de los 94.