Hace más de un mes y medio que los hospitales de la provincia de Córdoba vienen luchando por la recomposición salarial, luego de que el gobierno y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), cerraran un acuerdo del 25% para todos los estatales. Posteriormente, y con la intención de dividir la lucha, el gobierno acordó con la agrupación Médicos Unidos una suma de 1.000 pesos en dos cuotas, para el grupo 1 (profesionales), que fue repudiado por todos los sectores, intensificando las medidas de lucha.

 

Ante esto, Schiaretti arremetió con masivos y arbitrarios descuentos sobre los trabajadores de salud. Asimismo, comenzó a imponer la represión a la lucha militarizando el Hospital Misericordia, sin orden judicial alguna, para atacar una carpa sanitaria que pusieron los trabajadores como medida de protesta. Todo este accionar no frenó la lucha de los estatales, que rápidamente redoblaron la organización para exigir que se reintegre en lo inmediato las sumas descontadas, además de conformar fondos de huelga por hospital.

 

La situación de vaciamiento, se agravó luego de que el 1 de mayo pasado se quitara la vida un paciente de 19 años del Hospital Neuropsiquiátrico. En el momento del hecho, había sólo una médica a cargo de todos los pacientes en el nosocomio, que debía también atender las emergencias. El hecho se podría haber evitado. Tanto los trabajadores como los pacientes de este hospital hace años vienen denunciando el cierre de camas, el edificio destruido, la falta de insumos y de profesionales, así como las condiciones de precarización laboral.

 

El miércoles 4 de mayo, más de 300 residentes se movilizaron por las calles de Córdoba, reclamando por el aumento salarial, pero también por la aprobación de una ley provincial que los reconozca como trabajadores y les otorgue los derechos correspondientes. El gobierno provincial niega que sean trabajadores y, por lo tanto, los compañeros no tienen aportes, obra social ni ART, y están sometidos a un régimen terrible de precarización laboral que los lleva a cumplir jornadas laborales de 36 horas continuas. Al calor de la lucha, se ha conformado el “colectivo de residentes”, que funciona con una organización de más de veinte delegados de los hospitales, que se fue sumando a las asambleas, paros y movilizaciones que se desarrollaron en toda el área salud.

 

El legislador del PO y el Frente de Izquierda, Eduardo Salas, resumió todos estos reclamos en un proyecto de resolución, que exige la inmediata destitución del ministro de Salud, Francisco Fortuna. Iniciativa que tuvo gran adhesión entre los trabajadores y repercusión mediática.

Conocidos los descuentos, la comisión directiva de ATE resolvió parar el viernes 5 de mayo. Las asambleas de los distintos hospitales comenzaron a votar un paro de 48 horas para los días 11 y 12 de mayo, iniciativa que apoya la UTS. En todos los nosocomios provinciales se discutió y resolvió un plan de lucha unificado de los gremios UTS, ATE y Atsa. Hasta ahora, ello ha sido imposible porque la dirección de ATE desconoce los mandatos de las asambleas interhospitalarias y resuelve las medidas sin consultar al cuerpo de delegados del propio ATE y menos aún a las asambleas de base. La directiva de ATE también se niega rotundamente a marchar a la Casa de Gobierno.

 

El aumento otorgado por el gobierno para todo el año está a punto de ser superado por la inflación que en estos meses es mayor al 20%. La lucha hospitalaria se refuerza. El camino del triunfo está en la unidad de todos los sindicatos y agrupamientos con un plan de lucha unificado, que desarrolle a fondo los mandatos votados en las asambleas de base y en la asamblea general. Es necesario desarrollar también un pliego único de reclamos, una mesa paritaria de todos los sectores y un gran paro provincial, con movilización a Casa de Gobierno.