Después de más de 20 días de ocupación del diario La Razón por parte de su personal de prensa y gráfico, en reclamo de la reincorporación de los 350 trabajadores despedidos y la reapertura del matutino, fue dictada la intervención judicial del diario. En conformidad con esta medida, el directorio fue reemplazado por un funcionario y el diario vuelve a salir en sus tres ediciones por 40 días, con la totalidad del personal (hasta tanto se reúna la junta de accionistas de la empresa).

Precario

Esta decisión sobreviene luego del completo fracaso de todos los intentos de desalojar a los trabajadores. Fracasaron la conciliación obligatoria, la organización de los carneros de la Mutual, las maniobras políticas de diputados, senadores y otros intermediarios y el intento de sacar el diario en otros talleres. Tampoco el gobierno pudo recurrirá) desalojo por la fuerza.

Pero si los métodos han cambiado, no ocurre lo mismo con la política oficial. Se intentará ahora hacer desde adentro lo que no se pudo hacer desde afuera.

Es que la intervención judicial no cuenta con ningún aporte financiero del Estado para garantizar la salida del diario, para pagar los salarios caídos ni los de los días de trabajo que se avecinan. Este hecho cuestiona hasta la propia reaparición de La Razón. Se revela así el sentido puramente formal de la intervención judicial y pone en el primer plano su carácter de maniobra política destinada a desmontar la movilización.

La patronal no ha desaparecido y el Estado no pone un cobre. Lo que se busca es desmoralizar al movimiento mostrándole gráficamente que "el diario no va más”. Estamos ante la culminación “judicial” del vaciamiento.

Durante la intervención se abrirá seguramente una dura lucha por el control del diario, entre los sectores patronales. Los accionistas, verificarán dentro de 40 días la “inviabilidad” del matutino y el traspaso del diario a otro grupo empresario, con la condición previa del despido de los trabajadores gráficos y de prensa sobrantes.

En referencia a esta cuestión, no puede dejar de señalarse que el propio José Pirillo, presidente del directorio, será uno de los hombres que decidirá el futuro de La Razón, en su doble carácter de accionista y acreedor (es vicepresidente de Papel Prensa).

Todas estas maniobras han sido recibidas con gran desconfianza por los trabajadores de La Razón. Es así que exigieron en Asamblea la lectura de la resolución judicial y el acta firmada por el interventor y mantener, la ocupación (pero solo hasta que el diario esté en la calle).

La precariedad objetiva y formal de la intervención quita toda justificación a la decisión del ongarismo de levantar el plenario de delegados gráfico convocado por el conflicto de “La Razón".

La salida real

La “aventura” de La Razón, sea la de Timerman o Pirillo, no deben pagarla los trabajadores, sino los patrones. Por esta razón tan elemental se plantea como reivindicación la expropiación del diario y su gestión periodística a cargo de sus trabajadores, los que deberán ejercer el control económico de la empresa. Asimismo, deben abrirse los libros de ésta para poner en claro las conexiones de los accionistas de La Razón con sus acreedores, así como el monto de subsidios estatales que se han embolsado.

Para contrarrestar los intentos del gobierno y la patronal de hacer desde “adentro" lo que no pudieron hacer desde "afuera”, es necesario que se reconvoquen los plenarios de delegados de gráficos y periodistas, que fueran arbitrariamente levantados, para aprobar un plan de lucha.