13/09/2001 | 721

La lucha por la defensa del hospital público

El estado de este centro asistencial desnuda un fenomenal negociado y el propósito de liquidar el hospital público. Mientras se pagaron 3.000.000 de dólares extras a las consultoras que trabajan para el Banco Mundial (para una obra que por licitación tiene un costo de 7.200.000 pesos), hoy nos encontramos con que las obras están prácticamente paralizadas (estaba planificada la finalización para diciembre de 2000), y se ha completado sólo el 30%.


El equipamiento fue adquirido en el año 1998 y desde entonces se encuentra guardado en depósitos (por los que se paga alquiler). Algunos de estos aparatos cuentan con sistemas de baterías que requieren recargas periódicas, y ya tienen un atraso tecnológico de tres años.


El Santojanni se suma a las irregularidades, oportunamente denunciadas, en las obras realizadas en los hospitales Fernández, Argerich y Durand.


Cuadro de situación


El hospital tiene reducida en un 70% su capacidad instalada; «se cerraron» los quirófanos centrales (cirugía, traumatología, otorrinolaringología, urología, etc.), los servicios de emergencias y área crítica (guardia general, terapia intensiva, terapia intermedia, shock room) y los de esterilización, hemodinamia, hemoterapia, genética, inmunología, medicina nuclear, imágenes (radiología, tomografía, ecografía), la central de radio operadores, el archivo de historias clínicas, los consultorios externos de todas las especialidades y las salas de internación. El número de camas se redujo de 490 a 120.


El proyecto tenía serios problemas de diseño (salas de internación donde no entraba ni una cama, sala de hemodinámica donde no entraba el equipo, unidad coronaria a un piso de distancia del servicio de cardiología, fisuras y grietas en la estructura y el piso de uno de los pabellones que se empezó a edificar en el primer piso). Los representantes de la Unidad Ejecutora del Gobierno de la Ciudad, las arquitectas Salvo y Astrid, reconocieron el 4 de junio del 2001, al diario La Razón que «los proyectos no tenían calidad, las direcciones de obras eran muy laxas y hubo casos de corrupción que se denunciaron a la oficina anticorrupción y al Banco Mundial» (sic).


Movilización y plan de lucha


Los trabajadores (profesionales y no profesionales) se cansaron del verso «oficial» de Buchbinder, Felgueras, Neri, Sabaluba, quienes, a su tiempo, se dieron una vueltita por el hospital para asegurar que iban a estudiar el problema.


El 7 de agosto, se efectuó una asamblea pública y un abrazo solidario, del que participaron el personal del hospital, vecinos, usuarios y medios periodísticos. Se denunció la situación y se resolvió la movilización a la Legislatura porteña, el 22 de agosto, para reclamar una interpelación a los responsables políticos (el Gobierno de la Ciudad).


En la Legislatura, la arquitecta Doglio no pudo justificar la demora ni explicar los errores técnicos y de diseño denunciados, ni dar respuesta a los reclamos formulados, y terminó siendo abucheada por el personal que se retiró indignado.


El viernes 31 de agosto, una nueva asamblea general hospitalaria votó emplazar una carpa sanitaria, para la atención de los pacientes, en la puerta del hospital, decretó el estado de alerta y movilización, y convocó a participar a organizaciones barriales, sindicales y políticas y a continuar con el plan de lucha y movilización que se decida en las asambleas.


Como expresó un trabajador en el acto, sólo le reclamamos a Ibarra que nos devuelva el hospital que le entregamos.


Con Ibarra no hay solución


Se acercan las elecciones de octubre y al gobierno de la Alianza no le conviene una carpa en la puerta de un hospital que parece haber sido «bombardeado». Por eso, el propio Ibarra se trasladó al hospital y se comprometió a librar los fondos necesarios para la culminación de la obra (2.800.000 pesos).


La lucha del Santojanni entra en una peligrosa tregua. Las direcciones del Sutegba y de Médicos Municipales han reculado. Que aparezcan los fondos es sólo una parte del problema (el de la finalización de la obra). Pero, ¿se podrá poner en funcionamiento nuevamente el hospital? Con este gobierno y con estas políticas sanitarias este interrogante queda abierto.


La privatización del hospital público y su progresivo arancelamiento (objetivo estratégico del Banco Mundial y de su programa Pressal) es la condición para entregar todo el sistema de salud a los monopolios privados.


Sólo barriendo con ese formidable piso de atención médica «solidaria» y «gratuita» que representa el hospital público se puede viabilizar el negocio de la medicina privada. Liquidado el hospital público, la suscripción a una empresa de medicina prepaga es, para el trabajador, no una posibilidad, sino una necesidad impuesta. Y para los desposeídos ninguna asistencia.

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