“Los mismos intereses capitalistas que mantuvieron la fábrica inactiva durante décadas , son los que ahora, mediante este desalojo, están actuando para impedir reabrila.”

Esta denuncia fue incesantemente repetida en todos los medios por los que oficiaron de voceros de la cooperativa obrera. La denuncia señala a Molinos, del grupo Perez Companc, dueña de Molisor, una suerte de empresa satélite que en su momento le compró la fábrica a la quiebra de Sasetru, con el único propósito de impedir que se apropiara de ella algún grupo rival. Es decir, no había el menor propósito de volver a funcionar.

La decisión del desalojo sale cuando era inminente la sanción del proyecto en el Concejo Deliberante de Avellaneda, fijada de común acuerdo por todos los bloques para el jueves 27, en el marco de una sesión extraordinaria. Los fiscales “aceleraron” la causa penal por usurpación y se la trasladaron al juez cuando apenas semanas atrás habían reiterado su compromiso de postergar una definición hasta tanto tuviera tratamiento la expropiación en el Concejo.

Este compromiso, sin embargo, quedó en la nada y sin el menor escrúpulo se procedió al desalojo; el juez ni siquiera revió la medida frente al proyecto de expropiación aprobado. El juez Tubio, a cargo de la causa, actúo con respecto a Sasetru en sentido contrario a lo que vienen resolviendo otros jueces frente a casos similares, quienes, ante la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación aun en el ámbito municipal y circunscripta a los bienes muebles y maquinarias, ya lo consideran un respaldo legal suficiente para permitir que los trabajadores hagan uso de la planta y acondicionen la misma para volver a ponerla en funcionamiento.

Tal es el caso de La Baskonia, en La Matanza, cuya expropiación fue resuelta por el Concejo Deliberante.