Antes del estallido de la crisis política, el Ministerio de Trabajo había logrado imponer el reempadronamiento de los compañeros desocupados de La Matanza, atacando el control de sus organizaciones. La CTA (FTV) y la CCC decidieron acatar este re-empadronamiento “bajo protesta”, dejando de lado un planteo de movilización y el boicot. El Futrade (Frente Unico de Trabajadores Desocupados de La Matanza) llamó, en cambio, públicamente “a todas las organizaciones de desocupados a organizar en común el boicot al ataque de la Bullrich, a marchar con el padrón de cada organización para defender cada uno de los planes, exigir nuevos planes para todos los empadronados y defender su control por las organizaciones creadas por los trabajadores”. Pero este planteo chocó con una política que había sido trazada cuarenta y ocho horas antes por el Consejo de Emergencia de La Matanza.

Presidido por el intendente Balestrini (PJ) e “integrado por los grupos de desocupados” (CTA, CCC), el Consejo resolvió transferir “la responsabilidad de la administración de los planes nacionales de empleo al Ministerio de Trabajo de la Nación”. En “la misma sintonía que el gobierno nacional”, dice el comunicado de prensa, dispusieron “promover y apoyar el reempadronamiento de los 8.400 beneficiarios de los planes de empleo del distrito”. Se exige, además, “el empadronamiento de la totalidad de los jefes de familia desocupados” (unos 80.000) en función de futuros cupos (Crónica, 7/3).

El Consejo de Emergencia ha vuelto a reconstituirse, de este modo, aceptando la línea oficial del reempadronamiento y renaciendo de sus propias cenizas. En oportunidad del último corte, el intendente, siguiendo la línea de los gobernadores peronistas, y el Frepaso, se acoplaron a la ofensiva nacional, con lo que el flanco “oficial” del Consejo de Emergencia se colocó sin disimulo en la vereda del empadronamiento y el rechazo a los cortes.

La Intendencia y el gobierno provincial logran de este modo un negocio político redondo: le “tiran” al gobierno de la Alianza la responsabilidad de las respuestas ante el clamor de los desocupados y preservan la cuota de planes para sus propios punteros en negociación directa con el Ministerio de Trabajo.

Movilización

Los beneficiarios de los planes serán sometidos ahora a la “inspección” de los “asistentes sociales”, que serán instruidos para acotar con mil argumentos la entrega de la asignación. La política oficial es sustraer el manejo de los planes a las organizaciones de desocupados y utilizar los planes como mano de obra barata para las empresas o volcar una parte de los recursos “sociales” como subsidio directo a las empresas capitalistas.

La Matanza ha sido el banco de prueba de una ofensiva que seguirá en el resto de los distritos. Todo esto plantea una situación exasperante para las masas, que exige más que nunca un plan de movilización único, una organización independiente de los Consejos de Emergencia, un programa propio que exija un plan de obras públicas para dar trabajo y, entretanto, un subsidio al desocupado, la ratificación de todos los planes Trabajar entregados y la incorporación de los empadronados, y el control de los planes y los bolsones alimentarios por las organizaciones de desocupados.