La comisión directiva del Suoem (sindicato municipal de la Ciudad de Córdoba) informó la aceptación de la propuesta del ejecutivo en la mesa de negociación que se habilitó a pedido de ella misma y con la participación del exsecretario general Rubén Daniele. Esta propuesta consistió en la reincorporación de la mitad de los 120 contratados cuyas bajas se concretaron el 1° de julio, la restitución de las casi 400 chapas de inspectores, el reconocimiento como remunerativo de las bonificaciones de los agentes que se jubilen este año y la conformación de una mesa de diálogo para revisar el “resto de los temas”.

La propuesta se acercó a las bases planteando solo dos alternativas: la aceptación de la propuesta y la apertura de la mesa de diálogo o su rechazo y el retiro de la mesa de negociación. En esos términos, no hubo debate de otras alternativas ni consideración acerca de los temas pendientes o el planteo habitual de cualquier negociación que implica retrotraer las acciones al momento en que estaban antes del conflicto para iniciar la negociación. Esto hubiera significado, de mínima, reincorporar a todos los despedidos. En el caso de Educación, la votación para la repartición añadió la consideración de la contrapropuesta al proyecto de ordenanza del ejecutivo elaborada por una comisión ad hoc.

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Para los municipales, los temas a revisar son el recorte salarial, las sumas no remunerativas en bonificaciones, la incógnita sobre los recibos de sueldo y el aguinaldo, la reforma jubilatoria, etc. Hoy todo entra en una mesa de probabilidades mientras se desactivan las movilizaciones multitudinarias de los trabajadores en defensa de su salario y de su convenio. Si bien la mesa de diálogo se arrancó en una asamblea general de delegados que votó un plan de lucha, no pasó lo mismo a la hora de analizar la propuesta donde solo se les pidió a las reparticiones que mediante WhatsApp emitan sus mandatos. El salario de los municipales y el destino de la mitad de los despedidos no pueden resolverse a través de un mensaje de texto.

En los términos particulares de educación, la contrapropuesta a votar incluía en la negociación el “estado docente” de las tareas pasivas definitivas que no han estado 20 años frente al aula o cuyas causas de pasividad no se deban a enfermedades laborales. Es decir, es punta de lanza para proceder a la provincialización progresiva del sistema municipal.

Un resultado que señala una perspectiva

La votación obtuvo los siguientes números: en lo general 208 por el sí, 19 por el no. En los temas particulares de educación, 26 por el sí, 13 por el no. El número alcanzado por el rechazo es significativo porque corresponde en su desagregación a la votación efectuada en las escuelas donde pudo establecerse el debate. Es que en muchas de ellas se mantuvo un nivel de debate permanente, habilitado por la virtualidad forzosa que impuso la cuarentena y organizado a partir de diferentes iniciativas –por escuela, autoconvocadas, por estamento-. Es decir, allí donde se reflexionó colectivamente acerca de la perspectiva del ataque del ejecutivo se comprendió la importancia de mantener la negociación atada a la movilización de las bases.

Muchos de los y las docentes saben lo que implica ajustar en educación porque proceden de escuelas provinciales, donde no llegan a cubrir la canasta básica con los magros salarios que perciben. Y miran en este ajuste la posibilidad de que se provincialice el sistema educativo, lo que explica el rechazo.

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Lo que se viene

Las causas del ataque del intendente Martín Llaryora siguen vigentes y se agudizan. La recaudación tributaria –en baja por la recesión económica- destinada al pago de la deuda municipal explica el congelamiento de paritarias, el desguace del convenio para proceder a una reforma laboral flexibilizadora, la pretensión de provincializar el sistema educativo -y luego hacer lo propio con el sanitario- y la pérdida de movilidad jubilatoria.

Frente a ello, son esperables nuevos ataques. El gobierno pejotista se sienta a negociar sin deponer su actitud beligerante, como lo muestra el modo en que aborda el conflicto del transporte urbano del cual es poder concedente. Pero lo reclama para los municipales. De allí que sea indispensable mantener el estado de alerta para retornar a las calles en cuanto proceda a sostener este ajuste.

Se impone recuperar, como lo hizo educación, el método de la deliberación entre las bases y establecer un accionar común junto a todos las y los trabajadores. La resolución de este conflicto solo vendrá de la mano de la movilización conjunta con la población, destinataria del mismo ajuste, para evitar que la crisis se descargue sobre nuestras espaldas.

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