La muerte por electrocución del compañero Diego Martínez no fue un accidente, como quiere hacer ver la patronal, sino un crimen anunciado por innumerables denuncias de las condiciones de seguridad deplorables, por parte de los delegados, especialmente los de los talleres de mantenimiento. Muchas documentadas ante la empresa, la CNRT, el ministerio de Trabajo y ante la Justicia. En varias oportunidades dieron lugar a inspecciones de los organismos de control, que concluyeron que el subte es un lugar de "alta siniestralidad".

Es la muerte 52, como denunció un delegado de la AGTSyP, el nuevo sindicato. Roggio y los gobiernos de la nación y de la ciudad son responsables del desvío a negocios privados, de los millones en subsidios y recaudación que debieron ir a mantenimiento y renovación de materiales. Incluso, luego de haber aumentado el pasaje en un 127%.

A este cuadro, correspondía una vigorosa respuesta obrera y el reclamo de la inmediata anulación de la concesión a Roggio, colocando la seguridad laboral y del tráfico bajo control directo de los trabajadores. La AGTSyP reaccionó como resultado de una lucha política interior. Mientras la Línea D, a la que pertenece el taller donde murió el compañero, paró instantáneamente y todos los talleres de mantenimiento pararon desde las cero horas del día siguiente, la directiva se tomó 45 horas para lanzar un paro de 2 horas (¡), de 14 a 16, para no molestar al usuario. En la base de las líneas, varias de las cuales habían votado el paro urgente y por 24 horas, esta conducta provocó indignación.

Ya un año antes, la muerte de otro compañero, también electrocutado, en el taller Constitución, pasó sin prácticamente ninguna reacción gremial. Esta vez paró en el acto la línea del compañero y como resultado de la presión de bases y del activismo se culminó en un paro de 2 horas de todo el subterráneo, frente al cual la UTA no tuvo reacción alguna.

Pero es muy claro que está planteada una reorganización de las condiciones y métodos para la seguridad en el trabajo. El proceso político vivido, pone al rojo vivo la necesidad de una AGTSyP independiente de la política oficial, comprometida con los Cirigliano, los Roggio y Cía. El debate y la movilización de los trabajadores debe conducir, a su turno, a la convicción de que hay que echar a los concesionarios y la gestión debe pasar a manos de los trabajadores.