Un relevamiento a casi 200 trabajadores de las apps de reparto en el conurbano bonaerense realizado por el gobierno provincial de Kicillof arrojó como conclusión que los mismos no poseen ningún derecho y que hay una relación laboral encubierta. No hay novedad en esto.

El año pasado los repartidores desarrollaron jornadas internacionales de movilización en reclamo por el pase a planta permanente, por el reconocimiento de la relación laboral y los derechos consiguientes -ART, obra social, aportes previsionales o aguinaldo-. Esto se replicó en nuestro país con jornadas en distintos puntos del país, incluida la provincia de Buenos Aires y su Ministerio de Trabajo.

El gobierno provincial no dio ninguna respuesta a los reclamos contra la superexplotación laboral de PedidosYa, Rappi, Glovo o UberEats, las principales operadoras de esta modalidad. Luego de un año de repartidores que perdieron la vida de formas evitables, de una degradación brutal del salario y el pisoteo permanente a sus derechos, ahora Kicillof y el ministerio de Trabajo provincial liderado por Mara Ruiz Malec vienen a darles la razón; pero no precisamente para resolver sus demandas.

Por el contrario, anunciaron que aplicarán sobre ellas una multa de hasta 40 millones de pesos. Sin embargo, no se trata de una recaudación destinada al bolsillo de los repartidores, sino a financiar al Estado provincial. Peor aún -y para colmo-, no hay ninguna medida de fondo para regularizar la situación de los trabajadores, que son confiscados mes a mes por el mismo Estado a través del monotributo que deben abonar para que las apps puedan encubrir la relación de dependencia. Sobre esto, el verdadero trasfondo del problema, ni noticias.

Esto fue rápidamente festejado por Marcelo Pariente, el secretario general de la Asociación Sindical De Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM). El burócrata celebró que “se multe a las apps y se proteja a los trabajadores reconociendo que hay una relación laboral encubierta”. Como si una multa viniera a encuadrar bajo convenio colectivo de trabajo y con pleno goce de derechos a los trabajadores. De igual forma, cargó contra el gobierno porteño de Larreta que ya sancionó una ley que formaliza el trabajo precarizado de los repartidores a medida de las apps. Pareciera que Pariente se olvidó que cuando los repartidores se movilizaron en las afueras de la Legislatura porteña rechazando la sanción de esta ley, la burocracia de ASiMM que él mismo lidera encabezó una patota que fue directamente a atacarlos en clara defensa del avasallamiento laboral que se estaba votando dentro del recinto.

El Ministerio de Trabajo nacional conducido por Moroni, que responde a la misma coalición de gobierno que Kicillof, ha posado una y otra vez en el mismo rol cómplice. Tal cual fue que se declaró “incompetente” ante la última visita de los repartidores en reclamo de sus derechos, alegando no poder hacer nada “al no haber relación laboral”, sugiriéndoles incluso dirigirse a un fuero judicial.

No obstante, esta multa del gobierno bonaerense viene a preceder a la segura presentación de un propio proyecto de ley provincial para regular a las apps de reparto. Esto ya es algo que incluso el gobierno nacional de los Fernández amagó varias veces. Que Pariente le tire rosas a Kicillof no hace más que augurar que el mismo apuntará a formalizar una relación de superexplotación laboral pero dándole inserción a la burocracia, que no oficia en defensa de los trabajadores sino de sus cajas.

Los trabajadores del reparto acumulan a su vez expedientes del Ministerio de Trabajo bonaerense por sus reclamos que nunca fueron atendidos ni fueron ellos mismos contactados por los funcionarios. La multa, la posibilidad de una ley de reparto o cualquier legislación al respecto se hará, cómo no, sin consultar sobre sus exigencias a los repartidores que día a día padecen las implicancias de la precarización laboral y muchas veces pierden la vida por ella.

Los repartidores necesitan ser reconocidos como trabajadores en relación de dependencia, fuera de todo fraude congeniado por las apps, la burocracia sindical o los gobiernos. Esto quiere decir, con derecho a estar bajo un convenio colectivo de trabajo, a percibir aportes, tener obra social y ART, cobrar un salario acorde a la canasta básica familiar. Ni que hablar de ser reconocidos como esenciales, tal cual se los declaró al inicio de la pandemia. Un hecho ante el que el gobierno nunca reparó en controlar bajo qué condiciones trabajan, si se les garantizan elementos de bioseguridad e higiene, el cumplimiento de un protocolo o la necesidad como tales de poder vacunarse contra el Covid-19. Esto plantea inevitablemente la necesidad de una nueva dirección sindical que organice la pelea por estos reclamos, en lugar de festejar a los gobiernos responsables de la precarización o incluso conformar patotas contra los propios trabajadores.

Por el derecho a discutir ellos mismos su propio convenio colectivo de trabajo, los términos de una regulación a las apps, el blanqueo de su relación laboral, que su condición de esenciales sea acompañada por un plan de vacunación y protocolos efectivos, y que la recaudación de estas multas sea destinada a un fondo dirigido por los trabajadores para restituir los aportes de monotributo, convocamos entonces a todos los repartidores a sumarse al relevamiento de la Agrupación de Trabajadores del Reparto (ATR) para organizar la lucha por todos estos reclamos.

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https://prensaobrera.com/politicas/el-gobierno-cuanto-mas-recauda-mas-ajusta/

https://prensaobrera.com/sindicales/la-cgt-en-offside-piden-al-gobierno-reabrir-paritarias/