El folleto distribuido masivamente por Foetra y Fatel en el acto festival por el Día del Telefónico (el 18 de marzo, a cincuenta y ocho años de la nacionalización de los servicios resuelta por el primer gobierno peronista) merece un debate. El texto defiende aquella nacionalización y recuerda que en la década del ‘30, “varios sindicatos relacionados con el sector de los servicios públicos y de los transportes (entre ellos la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos) comienzan a solicitar la nacionalización de los mismos y la expulsión de los capitales extranjeros” (hasta 1946 en manos de la United River Plate Telephone Company, popularmente llamada la Unión Telefónica). Reivindica luego al peronismo, que significó —dice—, una “nueva alianza de clases (…) donde el asalariado cobra protagonismo como sujeto del cambio político”; “la expropiación parcial de la renta agraria a través de la nacionalización del comercio exterior de productos agropecuarios” y “el control de los servicios públicos (incluidos los teléfonos y los recursos naturales fundamentales)” como sustento de una política de industrialización.

 

El folleto fue publicado horas después de la firma de la Carta de Intención entre el gobierno, Telefónica y Telecom que consagra el monopolio del servicio telefónico “de por vida o ilimitado” (son palabras de Clarín) a favor de estos pulpos. Sobre este punto, sin embargo, el folleto no dice una palabra.

 

Para el titular de Telefónica (Vázquez), “la red es de nuestra propiedad (…) no somos concesionarios de la misma (y) la licencia es ilimitada en el tiempo”. Quedan en manos de estos monopolios los fabulosos negocios vinculados a la transmisión de datos, la televisión por cable y el video a pedido, fuera del aumento de tarifas (llamadas urbanas de 20 a 21 horas) y el archivo de todas las demandas del propio Estado contra las empresas por la violación de todos los contratos.

 

La “nueva” privatización del servicio telefónico tuvo el apoyo de todas las cámaras empresariales: “Permite despejar la cancha en lo que los hombres de negocios consideran inseguridad jurídica”. Para el ministro de Planificación es “un punto de inflexión que nos pone en la recta final para el acuerdo con todas las demás” (16/2).

 

Ante esta entrega planteamos la derogación de los acuerdos, por una empresa estatal bajo control de los trabajadores, siguiendo la tradición obrera que como dice el folleto, arranca de los años ‘30.